Las víctimas del franquismo han preparado una denuncia, para presentar ante el Defensor del Pueblo, contra el Gobierno por haberse negado a investigar los "crímenes contra la humanidad" ocurridos durante la dictadura y por omitir su deber de buscar a los desaparecidos.   Según el colectivo, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero "ha falsificado y no ha protegido" los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional a las víctimas de Franco y ha pasado "por encima" unas "50 normas internacionales" para "proteger" sus intereses electorales.

   "Este Consejo de Ministros ha tenido un problema de amnesia selectiva pasmoso a la hora de redactar las Exposiciones de Motivos de sus leyes de origen franquista. Este es un truco de prestidigitación para hacer desaparecer del actual escenario unos derechos humanos que son electoralmente incómodos", ha recalcado uno de los responsables de la denuncia, experto en derecho penal y autor del libro 'El caso de los niños perdidos: crimen contra la humanidad', Miguel Ángel Rodríguez Arias.

   Por todo ello, las víctimas del Franquismo han acudido al Defensor del Pueblo para exigir que se conozca la "verdad" sobre lo que ocurrió durante la dictadura y para protestar por el incumplimiento, por parte del Gobierno, de la Constitución que exige a los poderes públicos ofrecer una "información veraz" sobre estos crímenes contra la humanidad.

DENUNCIA ANTE COMITÉ INTERNACIONAL DE LA ONU

   Pero no sólo la legislación española sino que la Convención de Organizaciones Naciones Unidas (ONU) para la Protección de todas las personas contra este tipo desapariciones asegura también que la "práctica generalizada o sistemática" de no buscar a estas personas constituye un "crimen de lesa humanidad". Además, establece a los Estados la obligación de tomar las medidas apropiadas para investigar prohibiendo así encomendar esta búsqueda a las familias.

   Por ello, el colectivo presentó la semana pasada ante Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU esta denuncia para informar al Relator especial de Naciones Unidas del "trato inhumano y degradante" que está manteniendo el Gobierno español hacia los familiares de los desaparecidos durante la dictadura y por haber cometido una "grave" falta jurisdiccional al haber omitido su labor de búsqueda.

   "Es inaceptable que el Estado ni siquiera reconozca como crímenes contra la humanidad las masacres en esas más de 2.000 fosas comunes y los miles de desapariciones infantiles, cuando tiene la obligación de buscar a los desaparecidos mediante una investigación oficial, efectiva e independiente con los medios estatales que tenga a su alcance, para atajar cuanto antes la situación de sufrimiento inhumano en la que se encuentran los familiares", comentó Rodríguez Arias en declaraciones a Europa Press. 

Piden al Rector especial de la ONU visitar España para conocer las fosas y exigir al Gobierno explicaciones por no buscar a las víctimas.

Las víctimas del franquismo han acudido al Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU para denunciar al Gobierno español por el "trato inhumano y degradante" que tienen hacia los familiares de los desaparecidos durante la dictadura y por haber cometido una "grave" falta jurisdiccional al haber omitido su labor de búsqueda.

Así lo ha confirmado el experto en derecho penal y autor del libro 'El caso de los niños perdidos: crimen contra la humanidad', Miguel Ángel Rodríguez Arias, para quien es "inaceptable" que el Ejecutivo español ni siquiera reconozca como "crímenes contra la humanidad" las "masacres" en las "más de dos mil fosas comunes" o las "miles" de desapariciones infantiles.

113.000 VÍCTIMAS

Por ello, las víctimas del franquismo han presentado un texto ante la ONU de más de cien páginas en el que denuncian el incumplimiento del Gobierno en buscar los restos de los desaparecidos, recuerdan el "sufrimiento" de los familiares de avanzada edad que están en "riesgo de morir" y no conocen el paradero de sus seres queridos y, critican que el Estado no se haya preocupado por encontrar los restos mortales, de "al menos 113.000 víctimas", que continúan "desperdigados entre matorrales o directamente insepultos".

La Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra este tipo desapariciones, asegura que la "práctica generalizada o sistemática" de no buscar a estas personas constituye un "crimen de lesa humanidad" y establece a los Estados la obligación de tomar las medidas apropiadas para investigar prohibiendo así encomendar esta búsqueda a las familias.

"Es inaceptable que el Estado ni siquiera reconozca como crímenes contra la humanidad las masacres en esas más de 2.000 fosas comunes y los miles de desapariciones infantiles, cuando tiene la obligación de buscar a los desaparecidos mediante una investigación oficial, efectiva e independiente con los medios estatales que tenga a su alcance, para atajar cuanto antes la situación de sufrimiento inhumano en la que se encuentran los familiares", ha subrayado Rodríguez Arias.

INSTAN AL RELATOR DE LA ONU A VISITAR ESPAÑA

Asimismo, el colectivo ha instado al Relator especial de Naciones Unidas para la prevención de la tortura y el trato inhumano cruel o degradante, que se desplace a España para visitar las fosas clandestinas, los orfanatos y los lugares de parto donde "se sometía a los niños a la desaparición forzada".

Además, le instan a que se dirija a las autoridades españolas para pedir explicaciones de los motivos por los que está violando la Convención de la ONU para este tipo de tratos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles.

Las víctimas del franquismo han recordado también que hace "unos días" se enjuiciaron en Argentina a varios de los responsables militares de las "30.000 desapariciones forzadas" en el país. Una cifra que, según han denunciado, en España se "rebasa ampliamente" con sólo los desaparecidos en las fosas de Andalucía.

Por ello, han exigido al Gobierno no seguir "negando más tiempo la evidencia" porque se está ante "unos crímenes contra la humanidad" y han insistido en que ha "incumplido sus deberes más elementales", en materia de derechos humanos hacia las familias, a la hora de omitir la búsqueda de los desaparecidos.