La ONU, según informa EFE [1], ha declarado recientemente que las familias de las personas desaparecidas en conflictos, en enfrentamientos bélicos o en otras situaciones violentas, tanto en la actualidad como en el pasado, sin ninguna limitación temporal señalada, “deberían disfrutar del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

Ha sido en la víspera del Segundo Día Internacional sobre Víctimas de Desapariciones Forzadas. La ONU apuntó en ese mismo comunicado que miles de estos casos siguen sin resolverse. Miles y miles. Recordó –acaso innecesariamente- que detrás de cada uno de ellos “hay una historia personal”.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité sobre Desapariciones Forzadas manifestó que nunca deberíamos olvidar –aunque a veces olvidemos, en ocasiones interesadamente- “que a lo largo y ancho del mundo hay madres, padres, esposas, esposos, hijas, hijos y amigos que todavía están esperando a conocer el destino y el paradero de sus seres queridos”. Siguen esperando.

La jornada, coincide este año 2012 con el vigésimo aniversario de la adopción de la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada” y se conmemora después de la entrada en vigor de la Convención Internacional que regula ese texto. Pues bien, el Grupo de Trabajo de la ONU lamentó que, veinte años después de la adopción de esa declaración, “la práctica de las desapariciones forzadas siga siendo utilizada en determinados países para reprimir a individuos e intimidar a la gente que reclama sus derechos”. ¿Determinados países? ¿Pensaron en España tal vez?

Este Grupo de Trabajo criticó que haya países “en los que no se ha hecho frente a situaciones del pasado de la manera apropiada”. ¿Es inapropiado, exagerado, incluir a España entre ellos? No lo parece. “Todas las familias de desaparecidos, incluso cuando esas desapariciones ocurrieron hace décadas, deberían disfrutar del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, añadió el grupo de la ONU, sabiendo –como deben saber- que la ausencia de este derecho es clamorosa en el caso español.

El citado grupo de trabajo de la ONU concluyó que “la desaparición forzada no es solo un crimen, sino también un acto que niega la esencia misma de la humanidad y que es contrario a los valores más profundos de la sociedad”. Así, pues, la desaparición de miles y miles de resistentes antifascistas republicanos fue un crimen que niega la esencia misma de la humanidad, que, además, es contrario a nuestros valores sociales más profundos.

¿Y qué hacemos entonces? ¿Seguimos permitiendo que los crímenes del fascismo español vivan en el limbo del olvido interesado? ¿Diseñamos políticamente dos décadas más de “charanga, pandereta, fútbol-mucho-fútbol, toros y olé” para intentar que habite definitivamente el olvido en nuestras consciencias? ¿Perseguimos a los trasnochados que reclaman esos derechos? ¿Seguimos considerando delincuentes –Miguel Hernández entre ellos- a los ciudadanos que lucharon por la República y en contra del golpe fascista de 1936? ¿También a los que combatieron (y fueron asesinados, torturados y encarcelados en ocasiones) durante la larga noche del franquismo? ¿Por qué en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, la de Vía Laietana, sólo ondea la bicolor (lo mismo que en tiempos de silencio y represión) y no hay ninguna placa que recuerde que ese centro de infamia e ignominia se detenía y torturaba?

¿La verdad, la justicia, la reparación, el recuerdo, el reconocimiento, la divulgación educativa de estos actos de barbarie, no rigen para el caso de los antifascistas españoles? ¿Y eso por qué? ¿Los familiares de esos asesinados y desaparecidos somos basura en la Historia de los vencedores? ¿El Rei-NO de España no es acaso miembro de la ONU?

Salvador López Arnal es nieto del delincuente cenetista asesinado, reo de “rebelión militar”, José Arnal Cerezuela.

Nota:

[1] http://es.euronews.com/teletipos/1640154-la-onu-declara-que-las-familias-de-desaparecidos-merecen-verdad-justicia-y-reparacion/