Periodista y militante del FRAP, Chivite fue uno de los indultados en los Consejos de Guerra de El Goloso, Madrid.

Entre 1967 y 1975 se decretaron en España seis estados de excepción y más de cincuenta personas fueron asesinadas, en diferentes acciones represivas, por las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado. En un solo mes, enero de 1975, fueron detenidas por motivos políticos doscientas personas. Durante el último estado de excepción, verano del 75, las detenciones se incrementaron y el ministro de Información, León Herrera, dictó a la prensa unas «normas de comportamiento» que implicaban la prohibición de «criticar al Jefe del Estado, al Príncipe Juan Carlos o al Presidente del gobierno» y toda información sobre las actividades represivas de la policía y la Guardia Civil quedaba restringida. En Bilbao, ciento cuarenta personas fueron encerradas en la plaza de toros por haber ya sitio en las comisarías.

Bien, más o menos y muy simplificado esta era la situación en España aquél 1975. Algunas organizaciones revolucionarias respondieron a la oleada represiva con todo tipo de acciones; como resultado de algunas de ellas llevadas a cabo en julio, resultaron muertos algunos miembros armados de las fuerzas de la dictadura. Muy pronto la Brigada Político Social procedió a numerosas detenciones, entre las cuales las de varias decenas de miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) once de los cuales fueron sometidos a consejos de guerra sumarísimos acusados de algunos de las citadas acciones anti-represivas.

La policía política prefabricó las acusaciones y el ejército se hizo cargo de los consejos de guerra en base a las acusaciones urdidas por aquélla. Como consecuencia, el 27 de septiembre fueron fusilados en Madrid tres jóvenes antifascistas; asesinatos de estado a los que se añadieron los fusilamientos en Burgos y Barcelona de dos miembros de ETA.

Ahora bien, ¿Realmente aquéllos jóvenes que acabaron sus días frente a los últimos pelotones de fusilamiento del general Franco, con el voto unánime de todos los componentes de su gobierno, realmente empuñaron y dispararon alguna suerte de arma de fuego?

Sometidos a sumarísimos consejos de guerra, sus abogados, ante la afirmación de los fiscales militares de que habían empuñado tal pistola, tal revólver o tal escopeta, solicitaron, con el mayor de los respetos, que dicho armamento, importantísima prueba de cargo como cualquiera puede colegir, se presentase ante el correspondiente consejo de guerra y, además, no menos importantes, se presentasen, igualmente, las pruebas periciales referentes a temas como huellas dactilares, balística, y otras prácticas probatorias elementales. Además, la policía, el grupo de la Brigada Político Social dirigido por el conocido torturador comisario Roberto Conesa, afirmaba que, en efecto, se habían capturado las armas de las que se hablaba en el apuntamiento preparado por la instrucción.

Lo afirmaba pero, ¡oh, sorpresa!, no había pistola, ni revólver, ni escopeta, ni proyectiles, nada pudo aportarse ante el consejo de guerra; ni pruebas balísticas, ni huellas dactilares y, por no haber, tampoco había testigos, pese a que la propia policía política, una vez más, había dicho que sí, que los había, pero no, no los hubo. En realidad, no hubo nada. Ninguna prueba. Nada. Las armas no existían más que en los papeles, en las informaciones facilitadas por la BPS a la prensa y en las palabras de los fiscales. No estaban en ningún sitio. Nadie vio ni oyó a los supuestos testigos ni nunca se supo nada de ellos. Todo eran palabras y supuestas declaraciones, sumamente contradictorias en más de un caso, más palabras, conseguidas a palos y bajo tortura. Nada más.

Christian Grobet, abogado de Ginebra y Zurich, observador de la Liga Internacional de los derechos del Hombre, estuvo presente en el primero de los consejos de guerra, celebrado el 11 y 12 de septiembre. Su informe respecto a lo que vio y oyó da idea de cómo se desarrollaron las cosas:

«El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez mas que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad … ha sido menospreciado en España de la manera más grosera.

»El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro…

»El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusados».

Las condiciones en que se celebró el segundo Consejo de Guerra, el 17 del mismo mes, fueron aun peores, pues los abogados civiles fueron expulsados de la sala, en algún caso nada menos que a punta de pistola (tales eran las formas jurídicas de la época).

De esta manera y tras tales simulacros fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, el 27 de septiembre del 75, José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz.

Los presidentes de los Consejos de Guerra, (consérvense sus nombres para la Historia de la Infamia en este país) fueron respectivamente el entonces coronel Francisco Carbonell Cadenas de Llano y el también por entonces coronel Ricardo Oñate de Pedro.

Señalar, por último que las farsas tuvieron lugar en el acuartelamiento de la División Acorazada Brunete, columna vertebral del ejército español al mando por entonces del hoy conocido delincuente golpista general Milán del Bosch.