Una de las reparaciones contempladas por la Ley de la Memoria Histórica (LMH) es la concesión –a petición de los familiares de las víctimas del franquismo- de un certificado de reparación moral, expedido por el Ministerio de Justicia (y no por ningún órgano judicial), que acredita que fueron perseguidos por sus ideas.

Como casi todo el mundo debe saber ya, al igual que el resto de las medidas de la LMH, dicho certificado carece de toda validez como reparación jurídica, es decir, que no tiene efectos legales de ningún tipo: ni  económico, ni administrativo, y ni siquiera asistencial, como sí sucede con la ley de atención a las Víctimas del Terrorismo.

COINCIDEN en los últimos días varias noticias sobre las víctimas de dos épocas de nuestra historia todavía tan recientes que mantienen víctimas vivas y próximas (la historia más remota, por suerte o por desgracia, se llevó definitivamente sus víctimas y su recuerdo no nos atormenta tanto). El Ayuntamiento de Pamplona por fin colocó en la Casa Consistorial una placa de recuerdo a los concejales y empleados asesinados en 1936 por sus ideas políticas; en el Parlamento de Navarra se celebró un acto solemne de entrega de certificados de reconocimiento a familiares de personas asesinadas en esa misma época.