La crisis económica junto con las medidas de los gobiernos están dando lugar a inmensas bolsas de parados de larga duración. Los españoles no nos podemos permitir dejar en la estacada a los más desfavorecidos.

El abismo se ha abierto hace ya mucho tiempo bajo los pies de cinco millones seiscientos mil trabajadores españoles. La cifra va en letra para leerla despacio y reparar en que detrás de esos caracteres hay personas cuyo abismo se llama paro. Más del 24% de la población activa no encuentra trabajo y las previsiones apuntan a incrementos difícilmente cuantificables. Da igual que atendamos a las cifras de paro registrado o la encuesta de población activa.  

La condena de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo marca el cierre de una historia compleja. Una historia que ha generado encendidas polémicas dentro de la izquierda y de los movimientos sociales y que permite constatar al menos dos cosas. Por un lado, la existencia de un poder judicial fuertemente lastrado por la herencia del franquismo y reticente a aceptar cualquier actuación significativa contra sus crímenes o contra los de algunas grandes tramas económicas y financieras crecidas a su sombra. Por otro, las dificultades que se plantean cuando quien intenta remover dichas inercias es un magistrado de trayectoria errática, caracterizada por algunos indudables gestos de valentía, pero también por numerosas actuaciones que han venido marcadas por la ligereza jurídica, cuando no por la lisa y llana arbitrariedad.