Estamos asistiendo a una protesta de agricultores nunca antes vista en España.
El problema surge porque mientras estemos en una sociedad capitalista, resulta imposible limitar a los compradores mayoristas de productos agrícolas su margen de beneficio por más elevado, insultante y leonino que sea, porque supondría un ataque frontal al sacrosanto derecho de propiedad, y a la no menos inviolable ley de la oferta y la demanda.