En esta época ominosa a la que nos han arrastrado políticos y empresarios codiciosos, lacayos de mercados, bancos y multinacionales, el único freno ante la barbarie recortadora y privatizadora del Partido Popular está siendo la justicia. Ésta ha detenido la masacre de la sanidad pública que pretendía ejecutar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, paladín del más obsceno ultraliberalismo. A lo largo de toda la geografía patria, las resoluciones judiciales están obligando a los distintos ejecutivos populares a restituir los dineros y derechos que arrebataron a trabajadores y ciudadanos.

El último ejemplo lo tenemos en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Fuerza a la Junta, presidida por María Recortes de Cospedal, a reponer en empleo y sueldo a los más de cuatrocientos interinos a quienes puso en la calle, siguiendo los dictados de Rajoy y su apósito Montoro, acólitos de Merkel y la Troika.

Irritados por las trabas que la justicia está poniendo a la apisonadora ‘neocon’, la cúpula del PP y sus ideólogos de la FAES parecen haberla tomado con aquellos jueces que osan hacer prevalecer la justicia y frenar sus ansias. Así, magistrados como Garzón y Silva son apartados de sus carreras. Algunos fiscales adeptos y la prensa amarilla arremeten contra aquellos que pretenden juzgar temas espinosos para el poder.

No es de recibo que un fiscal, que, se supone, ha de ejercer la acusación en beneficio del Estado, dé la impresión de querer convertirse en abogado defensor de una señora por el hecho de ser ésta de sangre real. Es indignante que un presunto señor Presidente, del presunto Gobierno de España, defienda en una entrevista que tiene el convencimiento de que a dicha señora le va a ir bien. Ya no es sólo la Infanta Cristina; ahora es también la ciudadana Cristina de Borbón. Y está imputada.

Cierto es que todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia. También lo es que la imputada tiene recursos necesarios como para costearse la mejor defensa. Gran parte de los cuales aportamos los propios contribuyentes. Es de esperar, por tanto, que la susodicha contribuya, a su vez, con su peculio cuando uno de los súbditos cualesquiera de su corona tenga necesidad de acudir a la justicia. Ya se ha encargado Gallardón de restringir el acceso a la misma para los más desfavorecidos con sus tasas.

Es lícito, a partir de ahora, que tanto el presidente Rajoy como sus ministros y fiscales actúen de valedores de todos los imputados futuros. Que intenten presionar a los jueces, inspectores y policías para que dicten una resolución conveniente al imputado.

Lo contrario sería hacer aún más evidente que, en este país, la justicia no es igual para todos.

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Fuente: La Columnata