El Código Penal español, reformado casi por completo en 1995 para adaptarse a la normativa de su entorno, establece una frágil ambivalencia entre el concepto de pena, como castigo que cumple funciones de prevención colectiva y escarmiento individual, y la reinserción del procesado, intentando que el cumplimiento de la sentencia promueva las circunstancias adecuadas para que el sujeto no vuelva a delinquir. Esa dualidad a la hora de enfrentar las incorrecciones de la paz social deben calibrarse con meticulosidad casi de equilibrista, ya que pasarse o quedarse corto en las medidas puede resultar catastrófico a la hora de emitir sentencia tanto en las consecuencias del penado como en el escándalo colectivo que supone encontrarse fuera del espacio del sentido común.

Por que el ordenamiento jurídico debe inspirarse como principio fundamental en éso, el sentido común más integrador entre las millonarias sensibilidades humanas que transitan en el Estado donde ha de aplicarse las correspondientes leyes y reglamentos. La realidad penal es, sin duda, la más llamativa, la que alcanza el prime time de las portadas cuando las decisiones judiciales chirrían; peor aún cuando la división de poderes da muestras de cierta efectividad y, de sopetón, se reta la justicia y el interés minúsculo, proveniente precisamente del núcleo de donde deberían emanar las respuestas más sensatas, las acciones determinantes para equilibrar las deficiencias de las relaciones humanas. Ver a la Fiscalía de parte de procesados como Miguel Blesa o Cristina de Borbón no puede resultar cuanto menos sospechoso, más aún en una época en que la lucha de clases se demuestra en plena vigencia, con ese derroche de privilegios que están teniendo que gastar de sus reservas los que han podido transitar las últimas tres décadas poniendo rostro de congénere, de ser de los nuestros.

No obstante, el arte del disimulo como una suerte de onomatopeya constante frente a los desmanes allende nuestras fronteras siempre han pretendido refugiarnos en una placidez mezquina a la hora de valorar como se las gasta el pudiente patrio. Los medios de comunicación de más amplia difusión se obstinan en aleccionarnos frente a la violación permanente de la justicia y la moral a lo lejos, donde no debemos siquiera mirar, por si, de casualidad, viéramos otras cosas que echáramos en falta a menudo. Denunciar la impunidad de las altas esferas está muy bien, no cabe duda, y a los pobres de solemnidad nos reconforta estúpidamente cuando un poderoso cae frente a miles de injusticias cotidianas, cuando el que se cree intocable cae de bruces dentro de la inesperada mazmorra. Mientras nos entretenemos con esos castigos, no sólo se cometen atrocidades insoportables, impunes en un entorno sin seguridad ni organización judicial, sino que nublamos ese nada común sentido que debería orientarnos en el análisis del cosmos nacional plagado de imputados que, con sus posibles, sus contactos y unas tasas que destierran del sistema la justicia sin parné, nos han devuelto a un escenario con pantallas pero sin cimientos. En el cuerpo legal todo continúa existiendo, como un espejismo, como si tal cosa, pero no se anime más de la cuenta, cuando se sienta vilipendiado, a gritar que se les verá en el juzgado sin haber contado antes el capitalito del que dispone.

Mientras toda la herrumbre que se oxidó alrededor del poder político en las últimas décadas cuelga sin demasiado agotamiento el cartel de imputado, a sabiendas que las molestias de transitar frente a las cámaras es cuestión incómoda de poco tiempo, hay una segunda escala de impunidad que evita el crimen, el castigo, y la moderna reinserción del que perturba el equilibrio social. Farruquitos y Ortegas Cano vulneran a diario nuestros titulares, tomando las vías públicas como circuitos de los que deben apartarse los torpes siervos de la gleva que manchan su bólidos. Pasa en el amarillismo más notorio, y en esos señoritos de provincia que ostentan los apellidos, la raigambre política y de clase, así como los recursos para asaltar la triple muerte ajena en la noche del alcohol, las risas y la ausencia de consecuencias. Los pobres reciben el castigo del olvido mientras aquellos, sin despeinarse, comprueban como el sistema se acciona para proteger su buen nombre, su futuro impoluto.

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Fuente: Casa querida