La coalición vasca recoge en sus estatutos el expreso rechazo de la violencia y, en su momento fundacional, obligó a cada uno de sus candidatos a firmar un compromiso de oposición al uso de la violencia.

El reciente apoyo por parte de EH Bildu a los presupuestos del Gobierno ha vuelto a despertar la indignación entre todos aquellos que consideran que la izquierda abertzale debe quedar fuera del espacio de diálogo político. No se trata de una marginación meramente ideológica –es obvio que el acuerdo entre Bildu y el PP o Ciudadanos es metafísicamente imposible–, sino de una exigencia moral fuertemente implantada en el imaginario colectivo independientemente de las adscripciones ideológicas. Por eso, dirigentes del PSOE, como el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, también se han opuesto de forma enérgica y desde las entrañas a cualquier tipo de negociación política con la formación vasca. Obviamente, la censura moral se explica por la identificación sin matices de Bildu y ETA.

Llama la atención que mientras que todos los presidentes del gobierno emprendieron negociaciones políticas con ETA para acabar con la lucha armada, se repudie de forma tan radical cualquier tipo de negociación con aquellos que se encontrarían, incluso asumiendo la identificación de ETA y Bildu, en la vía política. Pero es que esta identificación constituye no sólo un error, sino también una mentira, que –construida sobre el uso eficaz del dolor de las víctimas– obedece a los intereses ideológicos de la derecha; una mentira en la que el PSOE se ha dejado atrapar. En este, como en tantos otros casos –piénsese por ejemplo en el tema monárquico–, el partido socialista ha sido incapaz de elaborar un relato alternativo y, en su ausencia, muchos cargos electos socialistas se ven obligados, para sobrevivir, a hacerse eco del rechazo no matizado y visceral, es decir, irracional, que procede de una parte importante de sus bases electorales. Mientras continúe esta situación, el PSOE tendrá serios problemas para acompañar a la izquierda abertzale en su camino hacia la normalización democrática y, por lo tanto, también para contar con ella en el impulso de políticas sociales. Por ello, es preciso que el socialismo se esfuerce en la construcción de un relato alternativo al de la derecha. Con la vista puesta en tal objetivo, considero que la atención a los siguientes aspectos podría ser de gran ayuda.

En primer lugar, es preciso subrayar y recordar lo que debería ser obvio: ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada en 2011. También hay que hacer comprender que este feliz hecho depende explicativamente al menos de tres factores: en primer lugar, el eficaz acoso legislativo, judicial y policial de la organización terrorista y su entorno, incluyendo una Ley de Partidos que ahogó el apoyo político de la lucha armada; en segundo lugar, el proceso de diálogo con ETA abierto por el Gobierno de Zapatero entre los años 2005-2006; por último, el liderazgo de la opción política encabezada por Arnaldo Otegi en el interior de la izquierda abertzale. Hay que subrayar que Otegi, independientemente del juicio moral que cada uno de nosotros pueda hacer de su persona, mantuvo la necesidad de defender la independencia de Euskal Herria por vías estrictamente pacíficas, aun cuando, en palabras del propio tribunal europeo de Estrasburgo, fue encarcelado tras un juicio injusto que intentaba desvirtuar su papel en el final de ETA; cosa que, por cierto, esta última intentó utilizar para seguir imponiendo la lucha armada.

En segundo lugar, hay que explicar que Bildu no sólo recoge en sus estatutos el expreso rechazo de la violencia, sino que en su momento fundacional obligó a cada uno de sus candidatos a firmar un compromiso de oposición a cualquier tipo de violación de los derechos humanos y al uso de la violencia; dicho positivamente, les obligó a asumir el “firme compromiso de actuar utilizando única y exclusivamente vías y métodos políticos, pacíficos y democráticos”.

En tercer lugar, hay que mostrar que Bildu no ha vacilado a la hora de reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA. En este sentido, el diputado en el Congreso Oskar Matute afirmaba a principios de 2020 que “en EH Bildu asumimos que la violencia de ETA generó dolor” y que “una sociedad no se construye en términos de una convivencia positiva si no se hace desde el reconocimiento a las víctimas”. Por ello, Bildu ha participado en diversos homenajes a las víctimas de ETA, algunos de ellos tan significativos como el de Miguel Ángel Blanco en Ermua en julio de 2019.

En cuarto lugar, hay que hacer ver que Bildu no solo nace rechazando la violencia, sino que tal rechazo estaba ya en la historia de los partidos políticos que le dieron origen. El cincuenta por ciento de la militancia provenía de Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba, tres partidos políticos en cuyo ADN estaba inscrita una firme oposición a la violencia de ETA. Es cierto que el otro cincuenta por cierto procedía de Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna; pero no lo es menos que era un partido legal desde junio de 2012. La legalización fue sancionada por el Tribunal Supremo gracias a que Sortu hacía explícito el rechazo en sus estatutos “de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

Llegados a este punto, quisiera tomar distancia de una posible interpretación de mis palabras. En los últimos días he escuchado cómo algunos representantes políticos de la izquierda comparaban el acuerdo con Bildu con el blanqueo o legitimación democrática de Vox por parte del PP y los medios de comunicación afines. Pienso que esta comparación es improductiva y carece de fundamento. Bildu se presenta como un partido profundamente democrático, no sólo porque rechaza la violencia como medio para la consecución de objetivos políticos, sino también porque en su ideario hay una defensa radical de los derechos humanos, expresada en la igualdad de género, la libertad sexual, la protección de los derechos de todos los seres humanos independientemente de su lugar de nacimiento o la necesidad de proteger el medio ambiente no solo para evitar, en el extremo, la extinción de la humanidad, sino también para aminorar las desigualdades que produce el cambio climático. Es cierto que hay que seguir exigiendo a Bildu que condene la violencia de ETA y que lo haga más allá de una finalidad instrumental –recordemos que en verano de 2015 lo hizo para poder entrar en el gobierno de Uxue Barkos en Navarra–. Pero es que Vox no solo no ha condenado el terrorismo de Estado que tuvo lugar en España a lo largo de casi cuarenta años de dictadura, sino que además algunos de sus miembros han coqueteado con la defensa de un golpe de Estado contra el gobierno actual, estrictamente legítimo desde el punto de vista democrático. Tampoco su líder, Santiago Abascal, ha dudado a la hora de considerar que el franquismo es preferible a este gobierno. Por último, no debemos olvidar que se trata de un partido que atenta contra los derechos humanos y los principios democráticos en diversos frentes: promoviendo políticas racistas, machistas y homófobas; negando el cambio climático con falsedades o, más generalmente, impulsando la confusión y el odio con su participación en la difusión de bulos.

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Óscar Barroso Fernández es profesor de la Universidad de Granada.

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FUENTE: ctxt.es