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Presupuestos 2019: Giro social en España |
Opinión / Actualidad - Política |
Escrito por H.Illueca, M.Monereo y J. Anguita |
Domingo, 14 de Octubre de 2018 04:45 |
Los Presupuestos Generales del Estado son una especie de mapa que refleja las prioridades y objetivos de los poderes públicos. Nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos (“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo un importante giro social con respecto a las políticas que se han venido aplicando desde que empezó la crisis económica.
El Acuerdo constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad, vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y salario mínimo interprofesional (SMI). En los párrafos siguientes nos referiremos a estos aspectos, tratando de precisar su significado y alcance en el contexto político que atravesamos.
Por lo que respecta a las pensiones públicas, el Acuerdo prevé su revalorización con arreglo al IPC en 2018 y 2019, garantizando así el poder adquisitivo de los pensionistas. Pero no sólo eso. El texto recoge expresamente el compromiso de los firmantes de impulsar una reforma legislativa orientada a la recuperación del IPC como valor de referencia para la revalorización de las pensiones con carácter permanente, lo que afectaría al núcleo duro de la reforma perpetrada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular. Ello es importante, al menos, por dos motivos: en primer lugar, porque conecta dicho Acuerdo con las principales reivindicaciones de los pensionistas, un colectivo movilizado y crecientemente organizado que se ha convertido en un importante actor de la política española; y en segundo lugar, porque supone un distanciamiento con la Unión Europea y otros organismos internacionales como el FMI, que en las últimas semanas han expresado un contundente rechazo a la posibilidad de que el IPC volviera a ser el indicador al que se vincule la actualización de las pensiones Siendo todo ello importante, la medida de mayor impacto ha sido la subida del SMI a 900 euros mensuales, lo que supone un incremento superior al 22 por ciento en términos reales con respecto a la situación anterior. Para comprender la relevancia de esta medida conviene reparar, siquiera someramente, en la función que desempeña el SMI en el mercado de trabajo. El salario mínimo constituye un ingreso irreductible fijado por el poder público e insusceptible de modificación por la negociación colectiva o individual: un suelo de la contratación por debajo del cual es ilegal trabajar para otro. En general, el SMI tiene menos importancia en los países que poseen un sistema de negociación colectiva fuerte y bien consolidado, en el que los agentes sociales establecen de manera autónoma los límites salariales; en cambio, adquiere protagonismo en aquellos otros en los que la negociación colectiva, o bien no se ha desarrollado, o ha sido devaluada en favor de la negociación individual entre empresarios y trabajadores. Pues bien, éste es precisamente el caso de España, cuyo mercado de trabajo, tras la reforma laboral de 2012, se parece cada vez más al de los países subdesarrollados. En efecto, siempre se había entendido que los perceptores del SMI eran exclusivamente los trabajadores que no están cubiertos por ningún convenio colectivo, lo que representa una exigua proporción de la población asalariada (alrededor del 1 por ciento). En la actualidad, sin embargo, esta cifra se ha multiplicado debido a los efectos de la reforma laboral sobre la negociación colectiva. La proliferación de los acuerdos de empresa, la aplicación generalizada de descuelgues salariales y la eliminación de la ultraactividad del convenio han provocado una violenta devaluación salarial que ha situado a muchos trabajadores en el umbral del SMI o en cifras muy próximas, ampliando de forma exorbitante los efectos de cualquier incremento en su cuantía. Según datos del Banco de España, los trabajadores directamente afectados por una medida como ésta podrían alcanzar el 12,2 por ciento del total, o sea, más de millón y medio de personas, lo que nos permite valorar en su justo término la magnitud del Acuerdo de referencia. Y eso no es todo. El incremento del SMI influirá en las estrategias de los agentes sociales en la negociación colectiva, alejando el horizonte de moderación salarial que ha caracterizado estos años.
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