Según la encuesta de población activa de comienzos del 2010, el número de parados ascendía a 4.574.700 en el tercer trimestre de 2009. Para paliar esta situación, el gobierno del PSOE dijo verse obligado a acometer una serie de duras reformas en el ámbito laboral, entre otras:

 Se abarató el despido, tal y como solicitaba la patronal. Así aconteció la masiva ampliación del número de trabajadoras/es que dejaban de estar protegidos por la indemnización de 45 días por año trabajado, a la par que se facilitaban las medidas de despido procedente (20 días de indemnización por año trabajado).

• Se abrió la posibilidad a las empresas de dejar de aplicar el régimen salarial previsto en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa.
• Se retrasó la edad de jubilación y se cambiaron las bases de cálculo de las pensiones para conseguir una futura rebaja de su importe de alrededor del 20%. 

Estas medidas fueron respondidas con la convocatoria de la última huelga general en septiembre de 2010. La decisión de los dirigentes de CCOO y UGT de no dar continuidad a esta lucha y aceptar cualquier sacrificio de los trabajadores que la patronal y el gobierno les exigiese permitió que este conjunto de contrarreformas se aplicase sin obstáculo alguno. 

Dos años después, los datos del paro indican que actualmente 5.273.600 personas están sin empleo, de las que un millón y medio no perciben ningún tipo de subsidio. Gran parte de la responsabilidad en este desastre la tienen las medidas recogidas en el decreto de junio de 2010. Aun así, el gobierno del PP y la patronal siguen insistiendo en las mismas estrategias, su objetivo no es solucionar el problema del paro; su objetivo es aumentar aún más sus beneficios, en parte para ir liquidando la gigantesca deuda contraída por las empresas, con fines puramente especulativos, en los años del "boom" inmobiliario (1,29 billones de euros, el 130% del PIB del Estado español), y en parte para engordar sus patrimonios en SICAVs y paraísos fiscales. 

El origen de la crisis no está en las relaciones laborales, y por lo tanto la solución no estáen las mismas, porque estas mismas relaciones sirvieron para que grandes empresas hicieran enormes fortunas, para que el crecimiento del PIB fuera continuado exponencialmente durante años. 

Un elemento clave para intentar asegurar la aplicación de estas políticas antisociales sin resistencia ha sido el acuerdo con los llamados agentes sociales (organizaciones patronales, CCOO y UGT.) Con este acuerdo firmado el 25 de Enero se ha plantando la semilla de la completa desregularización del mercado laboral, se ha comenzado a fabricar el ataúd de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. 

Medidas como la subida salarial máxima de un 0,5% para el 2012 y del 0,6 % para el 2013 conllevan una pérdida general del poder adquisitivo (solo hay que recordar que el IPC del 2011 superó el 2,5%).El sacrificio que tendremos que soportar l@s trabajadoras/es, otra vez, tendrá como consecuencia un empobrecimiento de un 20% de media sobre el poder adquisitivo familiar. 

La patronal, que desde el 2010 ya tenía posibilidad de no aplicar las medidas acordadas en convenio concernientes al tema salarial aludiendo a problemas económicos, ahora también tiene la posibilidad de no acatar esos acuerdos en jornadas o turnos de trabajo con más facilidad aún. 

El último clavo del ataúd de la esperanza y la dignidad de las y los trabajadoras/es lo pone el gobierno del PP, continuando y completando los retrocesos históricos aceptados por CCOO y UGT: abaratando aun más el despido.

De esa manera, nos condenan a ser una sociedad en la que el trabajo estable, con derechos y condiciones dignas, habrá desaparecido para siempre. La precariedad y el paro serán nuestro único horizonte. 

Desde los Pactos de La Moncloa l@s trabajadores conocemos y sufrimos las consecuencias de los acuerdos y pactos sobre flexibilidad laboral y austeridad salarial. Con estos antecedentes, solo podemos imaginar las consecuencias que tendremos que pagar en los próximos años: más precarias/os y más empobrecidas/os. 

Por el futuro de nuestra sociedad y nuestra dignidad, debemos estar a la altura de la agresión de la que somos víctimas. Empecemos inmediatamente la movilización en la calle y empecemos a prepararnos para una huelga general.

 TODOS A LA CALLE EL 29 M !!!

Algunos aspectos destacados de la reforma laboral:

Más facilidades para despedir: Se consideran procedentes (20 días/año y un tope de 12 mensualidades) los despidos, individuales o colectivos, cuando el nivel de ingresos o ventas de la empresa disminuye durante tres trimestres, incluso aunque la empresa tenga beneficios.

Los parados que cobren prestación peden ser obligados a realizar trabajo sociales, lo que permitirá que realicen sin contrato de ningún tipo funciones que ahora están realizando trabajadores con contrato.

Las empresas podrán modificar unilateralmente el convenio vigente (bajada de salarial, movilidad geográfica ,funcional de categoria, modificaciones de jornada laboral, horarios, turnos...) si el nivel de ingresos o ventas de la empresa disminuye durante dos trimestres consecutivos. Quien no acepte las nuevas condiciones laborales, será despedido con 20 días y un tope de nueve mensualidades.

Empeoran las condiciones de los contratos de formación y en prácticas, que se desvinculan del aprendizaje, convirtiendo a la juventud en mano de obra barata hasta los 30 años, con disposiciones como la de que mientras estemos en una tasa de desempleo superior al 15% pueden tener una duración de hasta 3 años. Las generaciones futuras podrían estar trabajando hasta los 33 años con este tipo de contrato. Fija un máximo del 75% y 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y grandes reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, Es un contrato prácticamente gratuito a efectos de cotización.

Las empresas no necesitarán permiso de la Administración para los despidos colectivos, prevaleciendo siempre su decisión.

Eliminación del contrato fijo y de la indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades para los despidos improcedentes, pasando a ser de 33 días y 24 mensualidades.

Eliminación del requisito del 2'5% de absentismo global en la plantilla como causa de despido procedente, quedando solamente el absentismo del trabajador. Es decir, estar enfermo pasa a ser causa de despido procedente.

Nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores subvencionado con 3.000 € y con exenciones fiscales para el empresario. Desnaturaliza por completo el periodo de prueba, que tenía el sentido de acreditar las habilidades y competencias del trabajador. Para eso, se entiende que el periodo de prueba puede ser de dos o tres meses, pero ahora llega a un año. Tras este periodo de prueba, se extingue la relación laboral sin indemnización.