En aquel momento, a ZP ya le habían inoculado el virus neoliberal, aunque paradójicamente, era una neoliberal la que le reprochaba la puesta en marcha de una medida claramente neoliberal como la subida de los impuestos indirectos.

Hoy es otro neoliberal, si cabe tan peligroso o más que la propia Esperanza Aguirre, el que se dispone a poner en marcha un nuevo impuesto indirecto en Cataluña: la tasa de un euro por cada receta médica que se entregue en la farmacia. Se trata de Artur Mas, un hombre que bajo una apariencia tranquila esconde la perversa intención de poner en marcha las medidas más antisociales que se pueda imaginar.

La Generalitat anunció ayer su voluntad de sancionar a los usuarios que se nieguen a pagar el euro por receta, aunque en realidad a quien habría que sancionar es a sus impulsores, ya que se trata de una medida claramente anticonstitucional. En primer lugar, el artículo 139 de nuestra Carta Magna dice que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado”. Y en segundo lugar, el artículo 31 afirma que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Por eso resulta ridículamente equivocada la afirmación que ayer realizó el gerente de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de Salud, Antoni Gilabert, en el sentido de que “es necesaria una corresponsabilización en la mejora del sistema, y negarse a pagar las tasas es negarse a esta mejora”. El mandato constitucional es que la sanidad pública y todos los demás servicios esenciales que el Estado presta a la ciudadanía, se paguen con cargo a impuestos directos progresivos. Se llama Estado Social y está proclamado en el artículo 1 de la misma Constitución Española que, tanto Artur Mas como el resto de su equipo de gobierno han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir.

Pero es que, además, y a pesar de lo que piensen Artur Mas y su penoso gobierno neoliberal, los farmacéuticos y farmacéuticas de nuestro país no son recaudadores de impuestos.

Por todo ello, ahora se hace necesaria una gran rebelión contra esta medida antisocial, como fue necesaria otra contra la subida del IVA que ZP pergeñó hace casi dos años, o contra la que Rajoy pretende llevar a cabo a principios de 2013. Ya está bien de hacer que las espaldas de trabajadores, pensionistas y estudiantes y pacientes soporten el peso de un Estado en el que los ricos cada vez aportan menos y ordenan más.

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