La verdad es que uno tiene derecho a indignarse cuando los políticos le exigen 26.000 millones de euros. Aunque resulta un poco chocante tal indignación cuando ese dinero tiene como destino resucitar el propio negocio privado del interesado, en este caso un banco, por causa de una mala gestión que ha derivado casi todos los beneficios al bolsillo aún más particular de su cúpula directiva, y el resto lo ha vertido por la alcantarilla de la mala gestión.

Es de suponer que tendría mucha más razón de ser tal indignación si el dinero se lo pidieran los políticos a estos banqueros para dárselo a una tercera persona, con el objetivo de sanear las cuentas de esta última. Eso sí que tiene que ser para indignarse, y mucho.

Bien por desgracia o simplemente porque somos completamente idiotas, no es preciso suponer o imaginar un caso como el del ejemplo, pues se trata de un caso real, con la casi indistinguible diferencia de que el dinero que piden los políticos para sanear las cuentas de los bancos se lo piden a los ciudadanos, y más que “pedir” bien podríamos decir “robar”, pues no se tiene noticia de nadie a quien le hayan preguntado antes de meterle la mano en la caja.

Este expolio de las cuentas públicas es la forma preferida de atentar contra el pueblo que tiene la banda terrorista financiera conocida con el nombre genérico de “bancos”, mediante su despiadado brazo armado: los políticos, que no son sino la cara B de Robin Hood, robando a los pobres para dárselo a los ricos.

Por todo ello, la indignación que dicen sufrir los bancos no es otra cosa que recochineo puro y duro.

Pero la insaciable banca terrorista siempre quiere más. No contenta con quedarse con el dinero público, la banca también se las ha arreglado para quedarse con las viviendas de los ciudadanos, de los mismos ciudadanos a quienes ya han desposeído de su dinero. Ayudada por los políticos y con la connivencia y colaboración necesaria de un tal Juan Carlos Palito, la banca ha conseguido la aprobación de leyes (ver ley 37/2011) que le permiten adjudicarse las viviendas procedentes de embargos por impagos hipotecarios y quedárselas por un importe del 30% de su valor de tasación (una tasación que encarga, paga, y por lo tanto determina, el propio banco ex profeso). Además, como todo el mundo sabe, este acto vil de apropiación indebida no libraría al ciudadano de un pago posterior de cuanto al banco se le ponga en la punta de la voluntad pedirle, porque ya sabemos que la dación en pago es un personaje de ficción, habitante de mitologías, fábulas infantiles y otras obras del mismo género como por ejemplo los programas electorales.

Todo esto se produce en un contexto en que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), esa ayuda de los países más desarrollados hacia los menos desarrollados, y que debería alcanzar el 0,7% (como mínimo) del Producto Interior Bruto, se queda en un 0,4%, mientras que las ayudas a fondo perdido a la banca terrorista alcanzan, precisamente ese mismo 0,7% . Se hace necesario, hoy más que nunca, cambiar el nombre de la AOD, por el de la AOB: Ayuda Oficial a la Banca, o Ayuda Oficial a los Beneficios, o Ayuda Oficial a los Bandidos, o como ustedes quieran.

Si por todo ello, los bancos se han indignado tanto, no quiero ni pensar cómo se pondrán si se enteran de que tengo en mi hucha un buen puñado de monedas de 5 céntimos que ellos aún no controlan. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo.

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Fuente: Impresiones mías