Solo los responsables de la situación dudan sobre el hecho cierto de que las instituciones españolas caminan por una senda de desprestigio que, a pesar de haber rebasado hace tiempo los límites soportables, aún siguen esperando que de una vez por todas se ponga fin al esperpento en que se han convertido. Al menos los ciudadanos necesitamos y debemos exigir una operación de limpieza a fondo acompañada de una urgente puesta al día de todo aquello que regula nuestras vidas.

Muy poca gente debe dudar que si Cristina de Borbón y Grecia tuviera por apellidos Pérez García otro gallo jurídico le hubiera cantado. Mucho más fiero, desde luego. Todo el proceso estuvo desde el principio, ahora se nota, perfectamente tutelado por las fuerzas que deseaban exonerar a la hermana e hija de reyes españoles. De hecho querían ahorrarle incluso sentarse a la silla del sector de los acusados en un juicio. Sólo la voluntad del juez instructor, José Castro, les impidió conseguirlo. El presidente del gobierno, el ministerio de Hacienda, la fiscalía… todas las estructuras del Estado trabajaron para conseguirlo, intentando ahuencar al máximo la instrucción por lo que a ella respectaba.