En España el rey puede matar, violar o practicar la pederastia sin ser perseguido penalmente. El artículo 56 de la Constitución declara su inviolabilidad, lo cual significa que ningún juez podrá condenarle aun cuando cometa el delito más execrable. Es más, ni siquiera se le puede demandar en vía civil para (por ejemplo) pedir que se haga cargo de una hija no reconocida. Por tanto, el rey está por encima de la Justicia.