Es necesario abordar lo religioso como un hecho que ha de ser regulado sin privilegios para nadie en cuanto a su presencia en el espacio social

El Estado español no es laico; debiera serlo. Y como allá por 1931 decía don Manuel Azaña, ahora tan citado, en uno de sus más brillantes discursos en las Cortes Constituyentes de la II República –aquel en el que sentenció que “España ha dejado de ser católica”, lo que no significaba que hubiera dejado de haber católicos en España–, la cuestión de la laicidad no es meramente religiosa, sino “un problema político, de constitución del Estado”.

"La caridad de la Iglesia con los pobres es un factor decisivo a la hora de derechizar a la sociedad, política y socialmente".

Caudillo de España por la gracia de Dios” se leía en las monedas que, con la cara de Franco, circulaban en este país desde 1946. La Iglesia católica, que legitimó el franquismo calificando la guerra civil de “cruzada” y de “guerra santa”, fue recompensada con los privilegios suscritos en el Concordato que el dictador firmó con la Santa Sede en 1953. En la transición, los hijos del franquismo se apresuraron a renovarlo. Durante la elaboración de la Constitución de 1978, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el Secretario de Estado de la Santa Sede, Jean Villo, negociaron en secreto los acuerdos para mantener los privilegios de la Iglesia. Los firmaron el 3 de enero de 1979, cinco días después de la entrada en vigor de la Carta Magna. Se encargaron de dejarlo todo atado y bien atado. Y ahí sigue, atado, hasta que alguien tenga voluntad política para desatarlo.