Como el 9 de diciembre era el día mundial del laicismo y aprovechando el magnífico artículo publicado en estas páginas por la vicepresidenta de MHUEL, Alicia Alcalde, no resultara cansino insistir una y otra vez en que carece de sentido mantener en vigor unos acuerdos preconstitucionales que, para colmo, otorgan a una determinada confesión religiosa un intolerable trato de privilegio que va, desde la financiación abusiva con cargo al erario, hasta una posición hegemónica en el ámbito de la educación privada, también a costa del bolsillo de creyentes, ateos y mediopensionistas. A lo mejor, ya digo, resulta cansino, pero es que no dejan de dar motivos para insistir. Y, como a las razones que se esgrimen a favor de denunciar esos acuerdos se responde desde el poder poniéndose de perfil para seguir en las mismas, no queda otra que volver a decirlo.
El pasado día 9 se celebró el Día Internacional del Lacismo y de la Libertad de Conciencia, una efeméride que conmemora hechos históricos de honda significación en relación con la laicidad del Estado. Así, recordemos que el 9 de diciembre de 1905 Francia aprobó la Ley de Separación de las Iglesias (sic, en plural) y el Estado; ese mismo día de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprueban una constitución inequívocamente laica; y un día posterior, pero de 1948, se proclama por la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que apela, entre otras cosas, a la libertad de conciencia.
Nos gustaría saber si consideran un ataque a la Iglesia que organizaciones progresistas como Europa Laica pidamos que se haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. ¿De verdad creen que es un ataque?