Argentina: La memoria secuestrada PDF Imprimir E-mail
Imperio - Latinoamérica
Escrito por Francisco S. López Romito   
Sábado, 13 de Enero de 2018 00:00

Lo ocurrido en aquel país se ha convertido en un ejemplo de cómo luchar contra el terrorismo de Estado mediante el mantenimiento de la memoria y el convencimiento de amplios sectores sociales y políticos de que la justicia y la reparación son posibles y necesarias, para la futura vida democrática del país

En la República Argentina, gracias a la abnegada y generosa lucha de las Asociaciones de Derechos Humanos, a lo largo de casi medio siglo de empecinada denuncia de la atroz represión de la última dictadura militar con su secuela de asesinatos, secuestros, torturas, encarcelamientos y desapariciones generalizados más la masiva marcha al exilio, se logró grabar a fuego la memoria del horror y llevar ante la Justicia a cuantos compartieron responsabilidades desde los diversos estamentos de los aparatos del Estado.

Lo ocurrido en aquel país se ha convertido en un ejemplo de cómo luchar contra el terrorismo de Estado mediante el mantenimiento de la memoria y el convencimiento de amplios sectores sociales y políticos de que la justicia y la reparación son posibles y necesarias, para la futura vida democrática del país.

La movilización espontánea, de gran número de ciudadanos, exigiendo al Gobierno transparencia y aclaración  sobre los luctuosos hechos ocurridos en los meses pasados, en la Patagonia, con claros indicios de ser el resultado de actuaciones ilegales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, son una clara demostración de lo antedicho.

Pero los acontecimientos que conformaron la urdimbre  de aquella tragedia  histórica a que se hace mención en el inicio de este artículo,  no sólo contó con un régimen militar asesino y una ciudadanía inerme. También fueron protagonistas de primer grado unos partidos políticos incapaces de procurar la imprescindible estabilidad política y gobernabilidad al sistema,  amén de las diversas organizaciones armadas que, desde los años sesenta fueron abocando al país a un enfrentamiento de catastróficas consecuencias.

Hay otra parte de la Memoria Histórica que se mantiene en las sombras de las hemerotecas y los enlaces de internet y que sigue siendo realidad en largas listas de víctimas de asesinatos, atentados, asaltos, secuestros, robos y extorsiones.

“La mayoría de los muertos fueron efectivos militares y policiales, casi todos por acciones del ERP y Montoneros, totalizando estos según las fuentes entre 492 y 547 personas. Hugo Gambini publicó dos listas que, además de los nombres de «547 militares, marinos y aeronáuticos (oficiales, suboficiales y soldados); personal de policía, gendarmería y de prefectura», contiene los de 230 civiles, «políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla» víctimas de estas organizaciones”.

Aunque toda muerte tiene el mismo valor, permítaseme recordar algunas por su significación política y social:

El 1/6/1971, pocos días después de su secuestro, fue asesinado el General Pedro Eugenio Aramburu, no tanto por su pasado “fusilador”, sino porque encabezaba un golpe contra el entonces Dictador Gral. Onganía que permitiese la restauración democrática mediante la negociación del fin de la proscripción del Peronismo.

El 15/7/1974, bajo  un Gobierno peronista elegido en elecciones limpias,  fue asesinado el Dr. Arturo Mor Roig, político radical, que gestionó el proceso de transición a la democracia.

La justificación de estos dos asesinatos no fue otra que el  ser “representantes genuinos del tradicional poder militar y represivo argentino”.

Otros asesinatos, como los siguientes, se han tratado de justificar apelando a la llamada  “teoría de los traidores”: máximos dirigentes sindicales que, “debiendo defender los intereses de los trabajadores, se habían pasado al campo enemigo”:

El 3/6/1969, Augusto Timoteo Vandor, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El 27/8/1970, José Alonso, Ex-Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El 22/5/1973, Dirck Henry Kloosterman, Secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)

El 25/9/1973, José Ignacio Rucci, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El 22/3/1976, Atilio Santillán, Secretario General de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

Esta otra parte de la Memoria Histórica, que califico de Secuestrada, no sólo no ha dado motivo a la apertura de investigaciones y procesos judiciales serios, sino que los responsables quedaron protegidos por las Leyes de Amnistía de 1973 y 1983 e impunes, por los crímenes llevados a cabo con  clara naturaleza de crímenes de lesa humanidad,  gracias a la abstención y desidia de los poderes legislativo y judicial.

La gravedad de lo ocurrido, no se limita a que no se haya producido un reconocimiento público de que esas organizaciones desarrollaron una acción de claro carácter terrorista, sino que a sus componentes se los exalta como héroes o mártires de no se sabe qué misión o anhelo de qué liberación. Lo que ha llevado a buena parte de la sociedad argentina a rechazar, drástica y acertadamente, cualquier forma de violencia ilegal o terrorismo de Estado, mientras  ve con condescendencia o  justifica toda violencia “de los de abajo” legitimada por la injusticia de que son objeto.

Así, respecto a los acontecimientos ocurridos en la Patagonia, han sido muy pocas las voces que señalan el despropósito mesiánico-indigenista y el rechazo a sus acciones violentas.

En los últimos años, la Memoria llegó a convertirse en una política pública, incorporada a la propaganda gubernamental y movilización de amplios sectores tratando de otorgar cierta legitimación progresista y de izquierda a la gestión  Gubernamental.

Por otra parte, la legitimación de la violencia popular en la dinámica de la lucha política, convirtió a los  “piqueteros” en protagonistas reconocidos, llevando a algunos de sus jefes a instancias gubernamentales, parlamentarias y sindicales. La violencia callejera, la amenaza y la extorsión, práctica habitual de estos grupos, los ha convertido en los herederos de las organizaciones violentas del pasado.

Los piqueteros, con los punteros y porongos, engrasados con diversas medidas típicamente clientelares, se convirtieron en el eje de la política gubernamental de los Gobiernos Kirchner.

La aceptación de la violencia en la vida política y social sigue siendo la mayor amenaza para la consolidación y profundización de la democracia en la Argentina.

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Fuente: Nueva Tribuna

 

Club de Amigos de la UNESCO.