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| “México es una tumba clandestina” |
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| Imperio - Latinoamérica |
| Escrito por Gerardo Albarrán de Alba |
| Miércoles, 08 de Octubre de 2014 06:10 |
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Solalinde se refirió así al hallazgo de seis fosas clandestinas en Guerrero, luego de los hechos de violencia ocurridos recientemente contra normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Al menos 17 de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre podrían estar entre los 28 cadáveres calcinados que fueron exhumados en Pueblo Viejo. La imagen descrita por Solalinde no es un mero juego de palabras. En los últimos ocho años se han encontrado más de 400 fosas clandestinas por todo el país. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, entre marzo de 2011 a abril de 2013 se localizaron 198 fosas clandestinas, en las cuales se encontraron 466 cadáveres. Versiones periodísticas elevan la cifra de cadáveres sepultados en fosas clandestinas hasta cuatro mil. En Guerrero, tan sólo en lo que va de este año, han aparecido al menos 97 cadáveres en 13 fosas clandestinas en cinco poblaciones por todo el estado, contando el reciente hallazgo en Pueblo Viejo, de acuerdo con un recuento del diario Milenio: en febrero, 21 cuerpos en fosas de Puente Campuzano y Mexcaltepec, Taxco; en marzo, tres cuerpos en dos fosas en Tunzingo, Acapulco; en abril se localizaron nueve cuerpos en tres fosas en Iguala, tres cuerpos de tres fosas en Acapulco y otros cuatro cuerpos en El Ranchito, en Coyuca de Benítez; en mayo hallaron 19 cadáveres en siete fosas clandestinas en la colonia Lomas del Zapatero, también en Iguala, y en junio exhumaron 10 cadáveres en Las Tabiqueras, Zumpango. En total, en Iguala se han localizado 56 cadáveres en 16 fosas clandestinas en apenas los últimos seis meses, incluyendo los 28 cuerpos calcinados y desmembrados en las seis fosas de Pueblo Viejo. Datos publicados en medios ubican al municipio de San Fernando, en Tamaulipas, a la cabeza de hallazgos de fosas clandestinas en el país: hasta principios de este año, en esa localidad se habían descubierto 52 fosas de las que se exhumaron 265 cuerpos. Le sigue el municipio de La Barca, en Jalisco, colindante con Michoacán, donde fueron encontrados 67 cadáveres en 35 fosas, entre noviembre de 2013 y enero de 2014. El tercer lugar es el municipio de San Julián, en Veracruz, con 14 fosas y 65 cuerpos. En Durango, capital del estado del mismo nombre, se ubicaron siete fosas con 26 cuerpos. Uno de los casos más recordados en México es, precisamente, el descubrimiento de una fosa con 72 cadáveres de migrantes (58 hombres y 14 mujeres) de Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, en agosto de 2010. En mayo de 2012 otros 49 migrantes fueron localizados en una fosa en Cadereyta, Nuevo León; los cadáveres habían sido decapitados y desmembrados. Hasta febrero de este año se habían localizado fosas clandestinas en 24 de las 32 entidades del país. La constante en casi todos los casos es la impunidad. La propia Procuraduría General de la República (PGR) reportó que entre diciembre de 2006 y 2013 apenas inició 34 averiguaciones previas sobre fosas clandestinas y apenas identificó a 142 de los 1273 cadáveres que esa institución había registrado en ese período. Tan sólo en 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional contó 419 cadáveres por todo el país; de ellos, 386 continúan como desconocidos. La PGR reconoce que carece de protocolos específicos que detallen el procedimiento a seguir después del hallazgo de un cadáver.
Después de la masacre, huyó el alcalde
El gobierno federal tomó el control de la seguridad en el municipio de Iguala, Guerrero, luego del hallazgo de 28 cuerpos calcinados y desmembrados en seis fosas clandestinas. Más de 400 agentes de la recién creada Gendarmería y de la División de Operaciones Especiales de la Policía Federal llegaron desde el lunes por la tarde a este municipio, mientras que 114 elementos de la policía local fueron desarmados y trasladados a Tlaxcala, un estado del centro del país, para someterlos a un “programa federal de certificación y capacitación”. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, huyó la semana pasada, luego de que se supo que, además de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se lo acusa de asesinar personalmente a un militante de la Unión Popular Emiliano Zapata vinculada con su propio partido, el izquierdista PRD, en junio de 2013, luego de ser secuestrado y torturado junto con otras siete personas, de las cuales dos más habrían sido asesinadas. Un testimonio del crimen fue entregado al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y luego al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Las denuncias contra Abarca fueron presentadas desde octubre del año pasado sin que se hubiera actuado en su contra. Su propio partido hizo caso omiso. Un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano federal de inteligencia, documentó los nexos del alcalde perredista con el cartel de los Beltrán Leyva. Fechado el 1º de octubre pasado, el informe detalla también el ataque contra un centenar de estudiantes normalistas hace unos días. El caso Ayotzinapa exhibe una realidad ya inocultable: en gran parte de México, narcos y policías son la misma cosa. El procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo que uno de los detenidos hasta el momento confesó haber visto cómo llevaban a 17 estudiantes hasta el lugar en que se hallaron las fosas, donde fueron asesinados. El paraje se encuentra a unos 15 kilómetros del lugar donde los estudiantes fueron acribillados por policías y civiles armados la noche del 26 de septiembre. Seis personas murieron en el lugar y 25 más resultaron heridas. En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, demandó en una nota oficial el esclarecimiento de este crimen “tan inhumano como absurdo”, y apuntó que el episodio “enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que se trata de “un crimen que demanda una investigación completa y transparente” para que los responsables sean llevados a la Justicia. La impunidad en Guerrero ha propiciado que broten como hongos policías comunitarias y autodefensas, que se suman a brotes de guerrilla históricos. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan en Guerrero, desestimó las versiones oficiales que vinculan a la policía de Iguala con el crimen organizado y aseguró que esos elementos operan más bien como paramilitares. Según un comunicado de la guerrilla, los alumnos desaparecidos estarían siendo torturados en cuarteles de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Otro grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), se dijo “ofendido” por el ataque del alcalde José Luis Abarca, al que llamó “un ser despreciable e inhumano”. Para muchos, el asesinato de seis personas a manos de policías (tres de ellas estudiantes), la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural, no sólo es un crimen de Estado sino que alcanza el nivel de crimen de lesa humanidad. Por ello, en la capital del país, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones.
------------------- Fuente: Página 12 |