Si preguntamos a cualquier actor que participa en esa representación teatral cotidiana que es la escuela; esto es, alumnos, padres, madres, maestros, inspectores, personal de administración y servicios, académicos, políticos… expresarán cierta preocupación por la evolución de la educación en muchos sentidos. También muchos detectarán que uno de los problemas tiene que ver con la ausencia de un marco normativo mínimamente estable. Es más, detectaríamos una corriente de reformas que, al igual que sucede con otros sectores esenciales de la sociedad, parecen haber sido hechas con el ánimo de deteriorarla. En cierta medida, si existe un mínimo consenso entre la pluralidad de intereses y orientaciones políticas, es que la escuela tiene problemas, y que la evolución de los últimos años sólo hace que empeorarlos.

Los centros concertados deberían desaparecer o convertirse en públicos

La Constitución española garantiza en su artículo 27,5 el derecho a la educación y la creación de centros docentes (los que sean necesarios, añado).

Es, precisamente, la falta de centros docentes públicos lo que llevó, hace más de treinta años, a concertar unidades con centros privados para abarcar la demanda existente de puestos escolares que, por aquel entonces, excedía la oferta pública. De hecho la concertación nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la educación pública no llegara.