Han pasado bastante desapercibidas las últimas declaraciones de la ministra de Educación en relación a la reforma educativa en curso. Creo que merece la pena detenerse, al menos unos instantes, a reflexionar sobre las mismas y sobre las líneas maestras de dicha reforma.

Anuncia la ministra que será posible aprobar el curso escolar con una asignatura suspensa, si se acredita que las competencias de esa asignatura se han adquirido a través de la formación curricular general, esto es, a través de las demás asignaturas. Junto a otras medidas estrella – ¿o deberíamos decir estrelladas? -, destaca la siguiente: “Suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial.”

Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Púbica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha sido testigo desde dentro del goteo de casos de másteres conseguidos de forma irregular por parte de cargos políticos. Cristina Cifuentes, Carmen Montón, Pablo Casado y Pedro Sánchez son los nombres sobre la palestra en una sucesión de casos que empezó en la URJC pero que ya ha puesto en entredicho a todo el sistema universitario madrileño.

Hacer títulos de excelencia, como es un máster, en la universidad española está muy difícil. Porque, al menos en la que yo trabajo, se apuesta por el número de matrículas, la masificación y unos resultados económicos abultados. Son objetivos contrarios a una educación pública de calidad. Y, más si estamos rodeados de pseudo-académicos, gentes sin trayectoria intelectual que buscaba funcionarizarse y, una vez logrado, hacen negocios. Con apoyo de sus contactos políticos montan titulaciones. Ellos se lucran y acreditan a sus protegidos que consideran la universidad un retiro dorado. No han salido todos a la luz y ni mucho menos se limitan a la URJC.