Parece que el final del infinito se acerca. El Gobierno y algunos de sus medios afines se han puesto muy nerviosos estos días porque la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a tumbar la doctrina Parot, aquella interpretación contra reo de la legalidad, adoptada en 2006 por el Supremo español, con la finalidad de que determinados terroristas y otros delincuentes especialmente peligrosos no fueran excarcelados antes de los 30 años de cumplimiento efectivo de prisión. Y el Gobierno estudia la forma de no cumplir la sentencia.

El Estado descabezado: el rey, inhábil; el heredero, ilegal

España, amigos, es en estos momentos un país dirigido por un rey con andador, una reina Regente (de facto) con mantilla, un heredero “sin papeles” (que asume ilegalmente responsabilidades de Estado que no le corresponden), un presidente del Gobierno sin credibilidad alguna y sin dientes (yo por lo menos no se los he visto nunca y eso que le miro fijamente a la jeta en cuanto aparece en la tele), un presidente del Congreso presuntamente lascivo (¡hay que ver con que ojillos miraba el otro día a las tetonas de Femen!), una vicepresidenta del Ejecutivo de estatura media ¡je, je! pero “papal” (tiene el raro don de hablar siempre “ex cátedra”, incluso cuando dice chorradas que es casi siempre), y toda una serie de ministros (y ministras) “manifiestamente desechables” a los que es muy difícil nombrar sin insultarles, por lo que me abstengo de ambas cosas. O sea ¡qué les voy a decir a ustedes! Vivimos un desastre, una hecatombe institucional difícil de piratear por país extraño, un verdadero estado de emergencia nacional que deberíamos celebrar (mejor, sufrir) todos los españoles cada año en día tan señalado como es el 12 de octubre.