Abordar una temática tan peliaguda como la disputa milenaria entre Monarquía y República en pocas líneas de blog, es una tarea imposible y desde luego sería demasiado atrevido, por mi parte, el intentarlo. Sin embargo, un par de inocuas y espontáneas reflexiones a raíz de las últimas noticias filtradas sobre el caso Urdangarín pueden resultar aceptables. Vamos allá.

(i) Financiación pública de la Casa Real y sus miembros vs. trabajo de los mismos. Según tengo entendido, parte de la dotación prevista para la Casa Real se destina también a las hijas del Rey y, por ende, a sus familias. De ser así, creo que debería prohibirse a los financiados trabajar en cualquier menester particular, o bien dejarles optar por renunciar in toto a los emolumentos públicos. No se trata únicamente de un tema ético, sino también de no crear a priori una ventaja competencial evidente a favor de los financiados frente a los demás competidores particulares en el mismo sector profesional.

(ii) Posibilidad de trabajar en Relaciones públicas, Eventos, Lobby, etc. de forma directa o indirecta . Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier caso creo que debería descartarse la posibilidad de que miembros de la Real Casa trabajaran en actividades como las reseñadas en el título. ¿Por qué? Muy simple: pregúntenle a los profesionales de la comunicación, de la organización de eventos, del lobby etc. lo que cuesta construirse una red de contactos y un buen nombre. La ventaja inicial que tienen los miembros de la Casa Real, por puro "derecho de nacimiento", es demasiado grande y altera el nivel competencial de forma insalvable. Mucho más (y con menos derechos morales) que en el caso de hijos de familias conocidas y "con apellidos".

(iii) Publicidad de sus declaraciones de la renta y detalle de actividades. Debido a las innegables ventajas y facilidades directas que otorga, en cualquier profesión, ser Príncipe consorte o directamente Princesa, es de recibo que se hagan públicos los datos de los interesados. Y que cada uno saque sus conclusiones.

(iv) Prohibición de contratar con las Administraciones Públicas. Con carácter general y aplicable a los pertenecientes, en línea directa, a la Familia Real, entiendo que debería prohibirse la posibilidad de llevar a cabo negocio alguno con cualquiera de las Administraciones Públicas.

(v) Presunción de inocencia. Por muy bien o muy mal que caigan los Monarcas y sus allegados, el linchamiento pre-sentencia es injusto, se mire por donde se mire. Ahora bien: indicios claros de conductas poco éticas, hay bastantes.

Otras consideraciones de más enjundia sobre el instituto monárquico y su función, las dejo a los expertos y a los españoles de nacimiento
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Fuente: Minima-inmoralia