El pasado 17 de julio, el Tribunal Constitucional (TC) dictaba una sentencia que declaraba inconstitucionales dos apartados de la declaración del Parlament de Catalunya de octubre de 2018 en los que criticaba la intervención del rey del 3 de octubre de 2017 y se declaraba en favor de los valores republicanos y la abolición de la monarquía.

Se trata de una sentencia de gran transcendencia, pues el tribunal nada menos que reinterpreta la Constitución de manera que modifica sustancialmente las funciones que la misma atribuye al rey como jefe del estado. Llama la atención (¿o no?), la escasa atención dedicada por los medios de comunicación a dicha sentencia, que rezuma un elevado grado de autoritarismo y arbitrariedad a la hora de marcar jurisprudencia en lo que se refiere a las relaciones entre el monarca y sus súbditos.

El bloqueo al que con tanto empeño han llegado PSOE y Unidas Podemos ha de tener razones que la razón desconoce. O mejor dicho, debe tener razones ocultas que explicarían el disparate de volver a llamar a los españoles a las urnas cuando se tiene ahora la posibilidad de formar Gobierno porque ni siquiera las encuestas, con sus expectativas para los socialistas de un crecimiento electoral, garantizan que no se constituya una mayoría alternativa. Hacer girar de nuevo la ruleta y apostar al impar todo lo conseguido es una irresponsabilidad que se acaba pagando en términos de poder o de crédito personal, y que contribuye al desprestigio de la clase política, de cuya incapacidad ya había sospechas suficientes sin necesidad de que lo demostrara abiertamente.