Ha pasado ya un lustro desde la abdicación de Juan Carlos Borbón en favor de su hijo Felipe, quien ejerce ahora de jefe de Estado. Es probable que no se recuerde muy bien la ceremonia pues fue una operación de urgencia, urdida para salvar la monarquía borbónica que se encontraba cercada por múltiples asuntos turbios en su vida familiar y en sus negocios. El prestigio de la familia real, ya de por sí débil debido a su vuelta al poder originada en la decisión del dictador Franco caía en picado y necesitaba de una operación decisiva para salvarse.

Esa debilidad de origen era bien conocida por el gobierno de Adolfo Suárez que puso todos los medios para impedir que se celebrara un referendo para decidir entre monarquía y república, sabedor de que podía perderlo con altísima probablidad. La protección a la monarquía se completó con un acuerdo no escrito entre todos los grandes medios de comunicación para esconder cualquier asunto familiar, político o de negocios que pudiera enturbiar mínimamente la imagen idílica y modélica que se pretendía transmitir al pueblo.

Pero ya conocemos la frase, atribuida a Lincoln: Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Con el tiempo fueron conociéndose diversos problemas que minaron seriamente ese prestigio. Y una de las soluciones consistió en dejar de realizar sondeos sobre la monarquía desde los organismos públicos encargados de estos menesteres, léase básicamente el CIS.

El truco de considerar innecesarios los sondeos funciona bastante bien, pero aún así es inevitable que, de vez en cuando, surja algun sondeo encargado por algún medio de comunicación privado. Es el caso del último sondeo aparecido en El confidencial (1), justificado precisamente en el quinto aniversario del ascenso al trono de Felipe Borbón Grecia.

Nos preguntamos ahora, ¿qué podemos deducir de los resultados de esta encuesta? La primera lectura, evidenciada en el propio título elegido por El Confidencial es que los monárquicos son mayoría, algo que debería alegrar al rey, a su familia y a todos los monárquicos. Sin embargo, hay algo que chirría. Si los monárquicos son más que los republicanos, ¿por qué se sigue evitando hacer sondeos en el CIS sobre ello? ¿por qué no convocar un referendo cuanto antes y resolver el problema de la legitimidad monárquica de una vez por todas?

La respuesta a las preguntas anteriores es evidente si leemos con algo de atención los datos proporcionados por el sondeo. Un 50,8% de españoles se considera monárquico, pero los que prefieren la república (46,1%), se sitúan a muy poca distancia. Desde luego, sería terriblemente aventurado convocar una consulta popular para decidir entre monarquía y república confiando en ese escaso margen. Ya se sabe que los referendos los carga el diablo, que se lo pregunten a los británicos. 

Pero incluso si la balanza cayera del lado monárquico, una diferencia tan pequeña proclamaría a los cuatro vientos el hecho de que la monarquía española es la que menor apoyo recibe de los ciudadanos (¿o súbditos?) de su país entre las que quedan en Europa occidental. Hay que recordar que una de las más recurridas justificaciones para mantener las monarquías es la idea de que el mantenimiento de la monarquía en la actualidad obedece a su papel como símbolo de la unidad nacional frente a la división territorial y su poder arbitral frente a los distintos partidos políticos (2). El segundo de estos argumentos es inconsistente con el hecho de que la mitad de la población no está a favor de mantener en la jefatura del Estado a la persona que supuestamente debe ejercer esa labor arbitral. Algo que se evidenció cuando Felipe Borbón intervino en la crisis catalana el 3 de octubre de 2017 mediante un mensaje televisivo. Es evidente que su discurso no fue interpretado en ningún momento como una mediación; ni entre sus partidarios, los llamados constitucionalistas, que aplaudieron y jalearon sus palabras como una reafirmación de sus propias posturas, ni entre sus detractores, los independentistas, que se tomaron como una afrenta el discurso.

Queda aún el argumento de la monarquía como garante de unidad nacional. Esta tesis es ampliamente difundida y defendida por los partidarios de la actual monarquía española; algo natural por otra parte si pensamos en su origen en la anterior dictadura franquista, que tanto ensalzó el lema de España, una, grande y libre como muestra de su visión de la unidad de la patria como algo prácticamente sagrado. Pero, de nuevo, los datos de la encuesta derrumban implacablemente esta posible justificación de la institución monárquica. Es sabido que el principal desafío para la unidad de España reside en las llamadas comunidades históricas; Cataluña, País Vasco y Galicia. Y en todas ellas la población es mayoritariamente republicana. El 74% de los catalanes y el 70,6% de los vascos se declaran republicanos. De hecho, en Cataluña y País Vasco, el porcentaje de republicanos rebasa ampliamente al de independentistas, dejando claro que la población ve al rey como un impedimento para normalizar las relaciones actuales y futuras entre estas comunidades y el resto de España.

Naturalmente, siempre queda la opción de tapar el problema y dejar que el paso del tiempo baje el suflé, pero de nuevo la encuesta es demoledora. Las nuevas generaciones son cada vez más republicanas, de manera que la mayoría monárquica de la población puede desaparecer en cuestión de unos pocos años. Aun así, ese es el único proceder razonable que le queda al rey y a su familia: esperar sin hacer mucho ruido, confiar en su armamento mediático y, suponiendo que les quede algo de fe en esa religión católica que les sustenta desde su jerarquía, rezar fervorosamente para que las cosas cambien. 

Y, efectivamente, parece que se han convertido en especialistas en aguantar el chaparrón sin pestañear y cultivar en todo lo posible la imagen de familia modélica que quedó destrozada con el anterior rey. Tras un pomposo acto en el que la reina Isabel de Inglaterra, que ya se sabe es de la familia, le impuso la distinción de la orden de la jarretera, una ridícula y medieval dignidad entre las varias que los monarcas europeos se conceden periódica y mutuamente, el rey Felipe volvió apresuradamente a España para compartir auditorio público con 41 personas distinguidas con la medalla al mérito civil. Una distinción otorgada a personas con vidas anónimas pero con actuaciones extraordinarias que les sitúan como merecedores de un reconocimiento especial. Justo lo contrario de un rey.

Salud

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Fuente: Menéame