Desde que se inició la crisis, pese a que esta no tiene ningún origen en el gasto público, educativo o sanitario, se ha procedido a aplicar un sinfín de recortes en el gasto social con la excusa de que son medidas “necesarias para salir de la crisis”. Estos recortes han ido acompañados de un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible la prestación de los servicios públicos. Las consecuencias de estas políticas están siendo terribles para las familias trabajadoras, principales víctimas de este proceso generalizado de deterioro de los servicios públicos y sociales.