Tras las fuertes movilizaciones de rechazo a la LOMCE y con el gobierno en minoría tras las elecciones generales de 2016, la reivindicación de un pacto por la educación, que figuraba en todos los programas electorales, es generalizada. Y el Congreso constituyó en febrero la Subcomisión de Educación, que trabaja “para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación” que sirva “de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con la vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social”, según dice el documento de constitución.

Confieso que, antes de escribir estas líneas, he preferido dejar que pasen unos días y que se pase un poco también el enojo que me causó la manifestación que recorrió las calles de Zaragoza (dicen que asistieron a ella 30.000 personas) para exigir al Gobierno de Aragón que no cierre ningún aula de Enseñanza Concertada. Los manifestantes, bien aleccionados desde la dirección de esos colegios privados, subvencionados con dinero público y, en su inmensa mayoría pertenecientes a órdenes religiosas (católicas, quiero decir), cuidaron escrupulosamente de no hacer la menor alusión al obvio conflicto de intereses que hay detrás de una exigencia tan imperiosa y se escudaron en la supuesta defensa de la LIBERTAD –genéricamente-, o de la Libertad de Enseñanza -concretando un poco más-, o incluso del orden democrático que emana de la Constitución, amenazado según ellos por el ejecutivo aragonés.