Estamos en tiempos confusos y, en el ámbito educativo, esta confusión puede terminar por exterminar los principios básicos de lo que debía ser la educación pública: un derecho universal, independientemente del lugar de nacimiento, de su estatus económico y cultural, de su sexo, de su religión, de su orientación sexual o de su identidad nacional.

Una educación garantizada por las administraciones en condiciones de igualdad para todo el alumnado. A favor del desarrollo integral de todos los chicos y chicas. Una educación que impartía conocimientos y saberes, impulsaba valores democráticos y de participación y que dotaba a todo el alumnado de los conceptos fundamentales para entender el mundo y poder criticarlo y mejorarlo. Para ello existían normas básicas, que emanaban de las leyes, y unos ejecutores singulares que eran los profesionales de la educación.