Uno de los pilares teóricos sobre los que más se vertebró el pensamiento ilustrado fue el de una marcada separación entre la Iglesia y el Estado; una separación que permitiría a los pueblos avanzar por la senda de un progreso maduro y razonado en tanto que fruto de un proceso de autodeterminación colectiva libre de tutelas metafísicas como la que ejerció, durante siglos, la Iglesia católica en la vida moral e intelectual española. De esto fue siempre consciente el político republicano Manuel Azaña (1880-1940), cuyo pensamiento y acción marcaron los años de la II República. El documento que presentamos aquí es precisamente su mayor aportación para solucionar el problema de la distorsionada relación entre la Iglesia y el Estado en España: se trata del discurso que pronunció en las Cortes el 13 de octubre de 1931 sobre la redacción del artículo 26 de la futura Constitución que habría de delimitar el margen de acción del que dispondría la Iglesia en la vida de la nueva República.