Mientras toda la sociedad española sufre recortes, la Iglesia Católica ha aumentado sus ingresos durante la crisis, ya que, a lo dispuesto en el vigente Concordato entre España y el Vaticano, el gobierno Zapatero añadió una propina que va por 250 millones al año, vía IRPF. Sus ingresos provenientes de nuestros impuestos son de unos 10.000 millones de euros al año.

Además de esa renta, la Iglesia Católica española dispone de un Patrimonio de valor difícil de calcular por su extraordinario monto, cuyas obras de conservación recaen generalmente en fondos también públicos. Lo que ni siquiera da derecho a que estén abiertos al público, como evidencia la reciente negociación de la Junta de Andalucía que solo ha conseguido que puedan ser visitados cuatro días al mes.

Es una situación intolerable.

La religión católica es una actividad que la sociedad debe proteger como cualquiera otra religión o corriente de pensamiento, por cuanto forma parte de su riqueza cultural.

Su regulación, sin embargo, no puede ser a través de tratados internacionales como el Concordato, que debe ser denunciado. Debe formar parte de normas generales para el resto de las religiones, creencias y corrientes de pensamiento amparados por la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin privilegios ni tampoco persecuciones.

Respecto a la aportación vía IRPF, su establecimiento está introducida en una ley anual que igual que se puso se puede quitar.

La Iglesia Católica tiene suficiente Patrimonio como para poder hacer frente por mucho tiempo a sus gastos. Y sus fieles son quienes, como en Brasil, deben o no sostenerla.

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Fuente: Crónica Popular.