Nos encontramos ante un encubierto golpe de estado global donde el único poder que podemos reconocer es el económico, en el que el ciudadano no importa nada. Poder dictatorial, al que no se ha evaluado electoralmente y que utiliza la demagogia, la mentira y la doble moral sin ningún freno.

El fallo del Supremo (TS) que exige que el Estado no financie a los centros de enseñanza católica que segregan por razón de sexo, es una saludable decisión del Tribunal, que contrasta con otras recientes sentencias de marcado acento confesional sobre la religión en las escuelas de titularidad pública y que deja al descubierto infinidad de miserias políticas, y, también, jurídicas: La cuestión -de fondo- es que por un lado, políticos meapilas y pacatos y, por otro lado, políticos católicos integristas, que forman una amplia mayoría en el Parlamento y en los órganos de representación legislativa territorial, junto a sus diferentes organizaciones sociales y sindicales de “palmeros”, son los responsables de que una parte importante de enseñanza dogmática católica se financie con fondos públicos, ya sea mixta o separe por razón de sexo y a que se mantenga (y aumente) la enseñanza religiosa (con la consiguiente intención de evangelizar) en todo el Sistema Educativo, ya sea de titularidad pública o privada (concertada o no).