La actual política de inmigración y asilo no respeta los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, debemos esforzarnos por buscarle una alternativa. En España, como en el resto de Europa, se ha ido imponiendo una política basada en los mitos y prejuicios xenófobos, que contempla la inmigración como algo peligroso y dañino para nuestra sociedad, algo de lo que debemos protegernos. En consecuencia, impedir la entrada de inmigrantes se ha convertido en "política de Estado" y ha contado con el consenso de buena parte de los partidos políticos.

La situación actual del derecho a la vivienda es fruto de los delitos cometidos por GOBIERNOS DELINCUENTES, gracias a parlamentos cómplices y a tribunales dependientes. El sistema carece de ética, pero también es ilegal.

Va más allá de incumplir, en la acción de los poderes públicos, los mandatos constitucionales de no salvaguardar el derecho que reconoce el artículo 47 C.E., de desconocer el artículo 128 de los principios del Título VII de la Constitución Española. La fiel plasmación combinada de sus dictados, hubiese exigido, por ejemplo, la implantación de un impuesto a la vivienda desocupada, como norma más liviana, gravando la acumulación de un bien de primera necesidad. Pero los reproches hoy son mucho mayores.