Muchas son hoy, las voces y artículos periodísticos y académicos que reclaman un imperioso cambio político en España. Casi todos coinciden en cuestionar el orden constitucional, tildado por la gran mayoría de obsoleto, pero poco o casi nada se dice de vehicular ese cambio hacia una nueva vereda política con nombre de: III República.

Hace más de 40 años que España yace narcotizada en un marco político aterido y artificioso, gestado desde el miedo a la libertad y al ruido de sables procedente del backstage fáctico. Con la perspectiva del tiempo, hoy, cada vez resulta más diáfana la impresión de aquello que en el pretérito se maquilló, y no es otro hecho que la Constitución de 1978 se gestó como arma jurídica que sirvió: a) para contraprogramar, en lo venidero, todo atisbo de objeción al régimen; b) para cercenar y frenar, cual seguro vitalicio, todo conato y acicate de sentimiento popular republicano en aras de depurar así cualquier cuestionamiento monárquico.

La crisis del bipartidismo aboca al rey a incumplir la Constitución. Prueba de ello es su reciente decisión de disolver las cámaras, hurtando el debate de investidura a otras posibles opciones.

El articulo 99 establece el procedimiento a seguir tras un primer intento fallido de investidura, afirmando explícitamente: se tramitarán sucesivas propuestas. Se tramitarán constituye una afirmación preceptiva.

Por lo tanto, el rey tenia que haber seguido presentando propuestas, que deberían haber sido sometidas a nuevos debates de investidura, hasta que hubiese sido investido un nuevo presidente o hubiese transcurrido el plazo máximo de dos meses.