En numerosas ocasiones desde organismos internacionales europeos, de Naciones Unidas y otros como Amnistía Internacional, se ha denunciado al gobierno español porque en sus cárceles y centros de seguridad del estado se ha practicado la tortura. Las denuncias no sólo no han surtido efecto de cambio, sino que la arrogancia de los gerentes del gobierno les ha llevado burlarse de todo el Derecho Internacional, lo último es que han indultado a torturadores condenados en los tribunales, cuyos jueces pudieron ver sus actos mediante grabaciones que salieron a la luz.

Más allá del último caso conocido debemos preguntarnos ¿qué relación hay entre torturadores y gobernantes cuando en ningún momento los diferentes gobiernos nunca han perseguido a los torturadores?, ¿siguen la tradición franquista?.

En el Congreso Internacional Contra la Tortura, celebrado los días 6 y 7 de diciembre, la tortura en el estado español se expuso en una ponencia a cargo de Andrés García, abogado y activista social por la defensa de los derechos humanos. Miembro del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y Portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (www.prevenciontortura.org). La Coordinadora estatal reúne a 43 organizaciones relacionadas con los Derechos Humanos, y su propósito es hacer visibles las denuncias de los malos tratos y torturas. En su documento público donde muestran las denuncias referidas, incluyen los casos sin denuncia y que son validados, y los casos que aparecen en los medios de comunicación.

Con respecto al momento por el que pasamos, Andrés García subrayó que desde los aparatos del estado se extiende y criminaliza a la disidencia, en el último año hay un incremento sustancial de personas afectadas; en la distribución territorial destacan: Catalunya, con 241 casos; Euzkadi, con 158 casos; Madrid, con 111 casos; y, Andalucía, con 105 casos.

Se ha extendido la detención incomunicada durante 5 días, y es en el País Vasco donde se han dado más casos, esto se ve acompañado de la denuncia de Naciones Unidas y el Consejo de Europa por sus comités de prevención de la tortura correspondientes.

Hay a continuación varios grupos destacados de represaliados:

Uno, el de las movilizaciones sociales; el 15M consiguió que la gente apagase la TV y saliese a las plazas, desde entonces el número de personas que han sufrido las cargas de la policía y las detenciones han aumentado vertiginósamente. En el caso de las personas presas es más complicado poner una denuncia, y en el régimen de aislamiento, que es la cárcel dentro de la cárcel, se hace imposible demostrar o denunciar nada; éste régimewn, el de aislamiento, ha sido denunciado por Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y es recogido como “tortura” en el Consejo de Derechos Humanos.

Dos, el de los migrantes; los CIE (Centros de Internamiento de extranjeros) no tienen regulación ninguna, con lo que resultan centros totalmente opacos en la actuación de los agentes. Los/ las migrantes capturados, después de 60 días, es el tiempo que pueden llegar a permanecer retenidos, los encapuchan, amordazan y esposan para expulsalos.

Tres, los vendedores en la calle y quienes ejercen la prostitución, son perseguidos y torturados con agravante racista.

Y, cuatro, los Centros de Menores, donde se producen situaciones similares.

Desde 2011 el aumento de la represión ha sido vertiginoso, el estado ha sacado su lado más terrible. Los cuerpos de policía más denunciados son el CNP (Cuerpo Nacional de Policía), con 289 denuncias, y, los Mossos. Los que llevan a cabo más detenciones incomunicadas son CNP y Guardia Civil.

Fallecimientos bajo custodia según cuerpos:

Prisiones: 34. CNP: 7. Policía Local: 5. C. Menores:4. Mossos:1. Total= 51.

Por otra parte el estado reconoce que, sin detención incomunicada, hay 150 muertos al año, pero se cree que puede haber entre 300 y 400 al año. Sólo en las comisarías se han duplicado el número de muertos.

El Comité para la Prevención de la tortura (www.prevenciontortura.org) llama a que se denuncie, aun sabiendo que muchas veces no se investiga o se archiva, y que llegado ante el juez el perfil de quien denuncia le marca.

Lo que se ha constatado es que el papel de la sociedad es muy importante, su presencia activa modifica el comportamiento de los organismos oficiales y termina con la impunidad.

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