Ante el previsible peligro de que los recortes sociales y la reforma laboral provoquen que las calles y plazas del Estado se conviertan en focos de protesta ciudadana durante el próximo mes de mayo, el Gobierno ha mostrado su decidida voluntad de reformar “en profundidad” el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Medidas que, bajo la coartada de la supuesta “espiral de violencia” de “colectivos antisistema”, plantean una importante restricción democrática de derechos. Una maniobra totalmente intempestiva, teniendo en cuenta que en España ya existe un Código Penal muy duro comparado con el resto de Europa y sus índices de criminalidad se encuentran, por el momento, entre los más bajos.

Por si esto fuera poco, otra de las propuestas anunciadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es incluir como delito de “atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande”. Ignoramos aún si el Ministro que “reencontró a Dios en Las Vegas” accedió a su extática visión en medio de una iluminación solitaria o acompañada de otros miembros del Gabinete, pero solo desde una inequívoca voluntad de represión política se justifican estas medidas de cuño autoritario y peligrosamente próximas a las de un Estado totalitario.

Tras el fracasado “test” intencionadamente intimidatorio que el Ejecutivo pretendió poner en práctica con la dura represión de la “Primavera Valenciana”, afortunadamente contrarrestado por el meritorio trabajo de contra-información de las redes sociales y la resistencia de la sociedad civil en general, parece que el Gobierno de Catalunya, con el impresentable Conseller Puig a la cabeza , quiere seguir en la vanguardia en cuanto banco de pruebas de nuestra próxima represión.

Así, por ejemplo, en relación con las nuevas medidas de “delación pública” impulsadas por la Policía de la Generalitat se abre un punto de inflexión extraordinariamente inquietante. Como han advertido recientemente destacados juristas “[…] se  ha tomado una iniciativa preocupante por su abierto contenido antidemocrático. Con el pretexto de la lucha contra lo que denomina ‘violencia urbana’ ha decidido perseguir como si fueran delincuentes a personas inocentes”.

Es en esta coyuntura donde hay que subrayar este mensaje: LA DESOBEDIENCIA CIVIL NO es un delito: es un instrumento democrático y asociativo reconocido desde el derecho.

En lo relativo a nuestro derecho de generar información fidedigna frente a la presión de ciertos medios, debe insistirse en este punto: la desobediencia civil es un acto político legítimo que apela a la autocontención responsable y, por tanto, manifiestamente pacífico.

Partiendo de los principios recogidos en la Constitución (libertad de expresión o ideológica) o los Derechos Humanos pueden fundamentarse los actos descritos como Desobediencia Civil.

-En este clima de criminalización “preventiva”, no es extraño, sin embargo, que la Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, EN VIRTUD DE UNA INTERPRETACIÓN AUTORITARIA de la ley, más propia de otros tiempos que de su estudiado talante cool, haya declarado recientemente, que el derecho de manifestación no es “[…] un derecho ilimitado, requiriendo su ejercicio de un imprescindible equilibrio entre los ciudadanos que desean manifestarse ocupando el espacio público de manera temporal, y los también ciudadanos que pretenden disfrutar de ese mismo espacio para pasear, acceder a un comercio, trasladarse a su trabajo o circular en vehículo público o privado”.

Podría parecer que la Delegada es una celosa cumplidora de la norma. Ahora bien, para ella, contertulia habitual de la cadena Intereconomía, existen excepciones. Como ella misma… porque lo vale. Mientras aplica minuciosamente al 15-M una interpretación estricta del derecho de manifestación, no duda en saltarse la ley cuando esta le afecta en primera persona, como demuestra su aceptación de prácticas de lo que se conoce como “economía sumergida”.

-Sea como fuere, en vista de estas actitudes de un cinismo inaceptable, hoy, más que nunca, la desobediencia civil sirve como un acto que se niega a reducir la libertad a convicciones privadas y apolíticas; una acción responsable que se resiste también a que toda posible discusión crítica de aspectos fundamentales para una comunidad de hombres y mujeres libres se limite únicamente a mantener los supuestos derechos de movilidad de los únicos ciudadanos que solo Cifuentes, al parecer, conoce: los consumidores o los trabajadores obligados a trabajar en días de huelga. Cabe así imaginar que, a fin de neutralizar la protesta política contra la segregación que supuso el acto de desobediencia civil de Rosa Parks, la diligente Delegada Cifuentes habría alegado el retraso que el mismo suponía para la “normal circulación del servicio público de transportes”.

-Quienes, en esta coyuntura, nos declaramos “desobedientes” no somos “gorrones” o cínicos aprovechados que rompemos las reglas de juego democráticas solo cuando les conviene de forma privada; ni oportunistas que infringimos las normas cuando no nos ven, ni delincuentes que tratamos de aprovecharnos del caos. Queremos y somos justo lo contrario. En un escenario en el que el fraude fiscal es cínicamente perdonado por el Gobierno, las Delegadas cobran en negro “corticoles” y los mercados imponen día sí y día no un estado de emergencia permanente, nos tomamos muy en serio las reglas que han de conformar nuestra voluntad colectiva. Tanto que manifestándonos en público, visibilizamos la existencia de flagrantes injusticias, con dignidad y a plena luz del día.

-Frente a las estrategias de miedo que tratan de replegarnos al ámbito doméstico o consumista, nuestra desobediencia es nuestro coraje político y asociativo. Y frente al intento interesado de criminalizarnos, una larga tradición nos da la razón: ¿Serían acaso criminales Martin Luther King o Gandhi?

-Desobedecemos porque nos negamos a que el espacio de juego político se reduzca al formato televisivo de Tengo una pregunta para Usted, ese espacio típico donde no se permite ningun “nosotros”: solo un problema privado, el líder de turno y un decorado televisivo. Por ello nos negamos a aceptar que el único horizonte político de lo posible pase por la mera gestión técnica de las demandas de individuos privados o simples clientes. Esta mera administración de los asuntos sociales –lo que algunos denominan nuestro régimen “pos-político”- imposibilita toda opción de discusión democrática genuina; blinda un marco que reprime directamente toda problematización política de la economía y lleva a la aceptación de la lógica del mercado como única racionalidad posible.

-Estamos viviendo tiempos que van a llevar a muchas personas honestas a practicar la objeción de conciencia: médicos que atenderán a inmigrantes, trabajadores sociales que se resitirán a mirar a otro lado, policías que sentirán vergüenza ante las órdenes de sus superiores.

Estas prácticas de resistencia serán decisivas. Sin embargo, aunque suele identificarse con la objeción de conciencia, la Desobediencia Civil puede ser algo mucho más importante. En el pasado y en el presente, los desobedientes civiles han estimado tanto su libertad política que no la han reducido a la mera reivindicación negativa de una libertad privada, esa libertad de no ser molestados por cualquier poder externo o interferidos en el espacio doméstico de las convicciones últimas o propiedades.

Frente a este comportamiento pasivo, hoy santificado como único por el horizonte neoliberal –y que los griegos denominaban “idiocia” por su carácter servil-, los desobedientes civiles siempre han considerado urgente participar activamente en el ejercicio del poder y a sostener con sus semejantes un debate político en el espacio público. Solo teniendo la opción de ser ciudadanos desobedientes y rebeldes podemos ser seres responsables de nuestro horizonte común, así como verdaderamente autónomos, no sometidos a la voluntad de otros.

-En sintonía con una interpretación autoritaria del Estado de Derecho, la Delegada de Gobierno y los responsables del Ejecutivo no solo están criminalizando todo umbral, siempre incierto y falible, entre legalidad y legitimidad; cuando su legalismo autoritario nivela de un plumazo desobediencia civil y criminalidad no solo cuestionan el Estado de Derecho sobre el que tanto se les llena la boca ante las cámaras; hacen algo mucho más peligroso: ponen de manifiesto un autoritarismo no disimulado que no quiere comprender en qué medida la desobediencia civil representa el genuino test de una sociedad políticamente madura. El magnífico lapsus del Jefe superior de la Policía Valenciano, nombrando al “enemigo” al que ha de combatir con todo su ardor guerrero, muestra el rostro sin máscaras de esta política represiva.

-Solo desde el más rancio autoritarismo puede la desobediencia civil considerarse hoy en día como un síntoma de traición de los “enemigos” de la democracia y no como lo que es en verdad: una forma fundamental de participación política en la construcción de una democracia más real. La afirmación de la desobediencia civil va generalmente acompañada no sólo de la defensa de la universalización de los derechos humanos que la democracia proclama, sino también de la afirmación de la necesidad de ampliar la democracia representativa en democracia participativa.

-Reivindicar la Desobediencia Civil en este contexto represivo y peligrosamente cercano al estado de excepción totalitario significa, frente a la reciente interpretación jurídica autoritaria que trata de imponérsenos, no estar dispuesto a que la legítima discrepancia política en el espacio público se identifique con un delito y que, por tanto, cualquier actitud reflexiva, críticamente cualificada, sea reducida a un comportamiento de súbdito o de minoría de edad.

-Ni se puede ser un buen ciudadano sin desobedecer a veces normas injustas y degradantes para la práctica concreta de las libertades, ni todo Estado de Derecho que esté seguro de sí mismo puede rechazar la desobediencia civil como un componente esencial de su cultura democrática.

-¿Es esta una posición radical? Alguien poco sospechoso en realidad de radicalismo político, como el politólogo John Rawls, por ejemplo, en su obra Teoría de la justicia, sostiene que la desobediencia civil es: “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales, no están siendo respetados”.

En definitiva, tenemos una responsabilidad histórica de actuar. No es ya el futuro de nuestros/as hijos/as o nietos/as, sino el presente de todos nosotros/as. A pesar de que la violencia no está de nuestro lado, el Estado hará lo posible por considerarnos un enemigo, por lo que más que nunca la responsabilidad individual articula la colectiva y las posibilidades de las estrategias de reivindicación y resistencia.

Desobedecer a un Gobierno y un sistema económico injusto no es sólo un derecho; ahora más que nunca es cuestión de supervivencia.

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Fuente: Acampada sol