Derechos Humanos
Errejón (Podemos) estima que las familias de presos «no tienen que pagar una pena adicional» PDF Imprimir E-mail
Derechos y Libertades - Derechos Humanos
Escrito por Naiz   
Martes, 23 de Junio de 2015 04:22
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El secretario Político y número dos de Podemos, Iñigo Errejón, ha señalado respecto a la dispersión de personas presas que las familias que puedan tener allegados en prisión «no tienen que pagar una pena adicional», al tiempo que ha recordado que el PP y el PSOE acercaron presos «en determinadas situaciones».

 

Errejón ha sido preguntado al respecto en la presentación de un libro y después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya realizado unas declaraciones sobre este tema en una entrevista en la revista ‘New Left Review’. Concretamente, Iglesias declara que «todavía es un trágico problema político», si bien unos medios han interpretado que se refiere a la dispersión y otros al conflicto vivido en Euskal Herria en general.

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De la sentencia del Supremo en el caso Tíbet al cierre del caso Couso PDF Imprimir E-mail
Derechos y Libertades - Derechos Humanos
Escrito por Javier Chinchón Álvarez / UCR   
Martes, 16 de Junio de 2015 00:00

El Supremo condena a 35 años a madre que mató y congeló a sus dos bebés en Sevilla

Hace unos días se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo en el conocido como caso Tíbet, en la que se afirmó una suerte de doctrina cuyas consecuencias van mucho más allá del caso concreto. De hecho, y por si alguien pudiera tener duda, el mismo Tribunal Supremo (TS) señaló que lo que mantenía para ese caso concreto debía aplicarse a “otros supuestos similares”. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con el Auto del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional del pasado día 9, en el que el Juez Pedraz se ha visto obligado a dar por cerrada la investigación por la muerte de José Couso.

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¿Es posible una política de inmigración y asilo respetuosa con los derechos de las personas? PDF Imprimir E-mail
Derechos y Libertades - Derechos Humanos
Escrito por Miguel Pajares   
Domingo, 31 de Mayo de 2015 00:00

La actual política de inmigración y asilo no respeta los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, debemos esforzarnos por buscarle una alternativa. En España, como en el resto de Europa, se ha ido imponiendo una política basada en los mitos y prejuicios xenófobos, que contempla la inmigración como algo peligroso y dañino para nuestra sociedad, algo de lo que debemos protegernos. En consecuencia, impedir la entrada de inmigrantes se ha convertido en "política de Estado" y ha contado con el consenso de buena parte de los partidos políticos.

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Derecho a la vivienda, pasemos a la propuesta y a la acción en su defensa PDF Imprimir E-mail
Derechos y Libertades - Derechos Humanos
Escrito por Manuel Delgado   
Domingo, 22 de Marzo de 2015 05:46

La situación actual del derecho a la vivienda es fruto de los delitos cometidos por GOBIERNOS DELINCUENTES, gracias a parlamentos cómplices y a tribunales dependientes. El sistema carece de ética, pero también es ilegal.

Va más allá de incumplir, en la acción de los poderes públicos, los mandatos constitucionales de no salvaguardar el derecho que reconoce el artículo 47 C.E., de desconocer el artículo 128 de los principios del Título VII de la Constitución Española. La fiel plasmación combinada de sus dictados, hubiese exigido, por ejemplo, la implantación de un impuesto a la vivienda desocupada, como norma más liviana, gravando la acumulación de un bien de primera necesidad. Pero los reproches hoy son mucho mayores.

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El Tarajal, historia de una tragedia sin nombres PDF Imprimir E-mail
Derechos y Libertades - Derechos Humanos
Escrito por Alberto Senante   
Domingo, 15 de Febrero de 2015 07:34

Hace ya un año de la muerte de 15 personas inmigrantes, tras los disparos de la Guardia Civil española de pelotas de goma y gas lacrimógeno, mientras nadaban hacia la playa española de El Tarajal, Ceuta, y todavía no se ha pronunciado la justicia española.

En la valla de Melilla continúan las deportaciones ilegales realizadas por la Guardia Civil por órdenes del Gobierno español, a pesar de la violación de los Derechos Humanos y leyes nacionales, europeas e internacionales denunciada por centenares de organizaciones e instituciones.

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