La excusa utilizada esta vez por la jueza para archivar el procedimiento ha sido la doctrina Botín. Según la particular interpretación que hizo el Tribunal Supremo para no juzgar a Emilio Botín, la persona procesada puede evitar el juicio si solamente ejerce la acusación la acción popular. Y en este caso es así porque la Fiscalía ha pedido repetidamente el sobreseimiento. Para el representante del Estado en el juicio, el bien a defender no es ni la vida ni los derechos de los inmigrantes, sino la actuación de la Guardia Civil, se ajusten o no los medios empleados a los fines perseguidos. Por encima de cualquier otra consideración, la Fiscalía se ha decantado por la razón de Estado, por defender una actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque vulnere derechos humanos fundamentales. Los directamente afectados, familiares de varias de las personas que fallecieron ahogadas en Ceuta, han reclamando ejercer la acusación particular, pero el juzgado no ha admitido su personación. De este modo ha evitado la presencia de la otra parte que podía ejercer la acusación, lo que ha dejado el camino expedito a la titular del juzgado para aplicar la doctrina Botín y cerrar el caso.

La acusación popular no ceja en su empeño de que se haga justicia y volverá a recurrir. No obstante, si ese es el trato que dispensa el sistema judicial a unos funcionarios que cometieron una tropelía a la vista de todo el mundo cabe preguntarse si puede esperarse alguna justicia.

Fuente: Gara

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