Del ministerio de Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971) llegó la primera medida del nuevo gobierno. La subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros sirvió también como declaración de intenciones de la nueva legislatura en el ministerio de Trabajo y Economía Social: una fórmula que puede resumirse en diálogo social con resultados concretos. Siempre, eso sí, con una voluntad que Díaz no esconde: la de avanzar en la obtención de derechos perdidos por la clase trabajadora durante décadas.

Los retos son notables. Desde el desmontaje de la última reforma laboral mediante el anuncio del paso de los despidos con baja laboral de procedentes a improcedentes hasta una legislación firme contra las nuevas esclavitudes digitales que está camino. Del freno a la siniestralidad laboral a la lucha contra la brecha de género en temporalidad y la integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen de la Seguridad Social. De la creación de un nuevo régimen de autónomos por tramos de ingreso a un nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI.

¿Considera la subida del SMI una primera victoria? 

Las victorias no son para los políticos, son para la gente que lo está pasando mal. ¿Es una victoria que la gente que no está sujeta a la negociación colectiva tenga un sueldo mínimo de 950 euros? No lo sé, es un avance social humilde y esto es lo relevante, que dos millones de personas, muchas de ellas mujeres, sepan que si van a los tribunales tengan por lo menos derecho a percibir 950 euros, que es una cantidad humilde y moderada pero que sin lugar a dudas mejora su vida. Hablamos de miserias salariales en nuestro país y, en términos de deciles, de distancias enormes entre salarios máximos y mínimos. Creo que es un avance social moderado pero que ayuda a vivir mejor. Y vamos a caminar hacia lo que tenemos pactado, el 60% del salario medio, sin lugar a dudas. Es nuestro compromiso y lo vamos a hacer. 

Como usted sabe, bajo una legislación hostil el tiempo apremia para una clase trabajadora necesitada de cambios legales. ¿Qué calendario prevé para la derogación, o si prefiere desmontaje, de la reforma laboral?

Derogación o desmontaje, el verbo que empleemos lo que nos dice es que tenemos una reforma laboral del Partido Popular que es de las más agresivas que se han conocido en el contexto europeo y que, desde luego, vamos a hacer desaparecer en tres velocidades. Hay una parte que es derogar stricto sensu el artículo 52 D, los despidos por bajas por enfermedad con carácter justificado [efectuado días después de esta entrevista]. Una vulneración de derechos flagrante. Hay otras materias, que tienen que ver con la negociación colectiva, una capacidad de disposición de los trabajadores y trabajadoras frente al empresario que está muy menguada fruto de esta norma, que van a ir con carácter inmediato. La reforma laboral del PP supera a 20 preceptos, cinco normas, cinco reales decretos y varias directivas. Es una norma de largo alcance y complejísima; no permite una ley que la derogue. 

El bloque de la precariedad, del abaratamiento del despido, que en nuestro país es libre y las patronales quieren que sea gratis, junto con la causalidad en la contratación, las cláusulas de descuelgue, el poder unilateral del empresario para disponer sobre las condiciones de trabajo, nuestro horario, la jornada, el salario, los elementos centrales de las relaciones laborales: todo eso no basta con derogarlo porque no nos vale el modelo anterior, que ya estaba depauperado. Tenemos que revisarlo y re-legislarlo, si cabe la expresión. No es un debate menor, nuestra propuesta es firme: el contrato ordinario en España tiene que ser indefinido, y obviamente también tiene que haber alguna modalidad contractual temporal. El ejercicio 2019 cerró con 22 millones y medio de contratos en nuestro país, y el 92% son temporales. Esto no es permisible. Hemos precarizado, no el trabajo, que ya lo está desde hace mucho tiempo, hemos precarizado la vida de la gente. La mitad de las personas asalariadas son precarias y esto no se puede soportar. Hablamos de democracia y del modelo de sociedad que queremos. Nosotras no queremos un modelo en el que la gente sea precaria, tenga miedo en sus vidas y no pueda desarrollar proyectos de vida emancipados y dignos. Trasciende al ámbito laboral.

¿Habrá un nuevo Estatuto de los Trabajadores?

La parte final es releer todo el Estatuto del Trabajo. España bebe de las fuentes de un Estatuto de los años ochenta que tiene tintes autoritarios, a pesar de haber participado en él personas ilustres del movimiento obrero. Queremos redefinir el trabajo en el siglo XXI, la realidad digital se impone, hay que hablar del trabajo con un enfoque de género y ambiental imprescindible. 3.200.000 personas son autónomas, y no nos olvidemos de ese trabajo no retribuido que es el de las mujeres. El trabajo ya no atiende a una modalidad del siglo XX, en un esquema masculinizado, de empleo industrial fordista. Esto murió, no existe, ha cambiado sustancialmente.

Un elemento importante de la precariedad es la tasa de parcialidad involuntaria. ¿Hay proyectada alguna medida sobre la fuerza de trabajo infrautilizada, la suma de la población en paro más la empleada con menos horas de trabajo de las que necesita, más las personas inactivas desanimadas respecto a sus posibilidad de encontrar un empleo?

No es problema de estimulación a la hora de buscar un trabajo. Es algo involuntario. La precariedad tiene muchas caras, una parte muy relevante es el trabajo a tiempo parcial, que está en la órbita del 14% actualmente y un porcentaje muy elevado son mujeres parcializadas de manera involuntaria. Es el mecanismo que utiliza el capitalismo para deprimirnos más y dominarnos mejor. La reforma laboral no ha servido para crear más empleo, sino para devaluar los salarios, y donde antes había un contrato estable lo han parcializado y nos dan migajas para que además nos peleemos entre nosotras. Hablar de precariedad es hablar de la parcialidad, del eufemismo de las horas complementarias fraudulentas por las que no se cotiza. Llevamos tiempo en una ofensiva neoliberal muy fuerte, con más de 52 contrarreformas laborales, es brutal. El mercado de trabajo español es de los más flexibles de Europa, el artículo 12 del Estatuto es clave por el impacto de género y por ser una de las variables de explotación más importantes en este momento.

¿Está alerta sobre la posibilidad de que algunas empresas de plataformas digitales pretendan instaurar, en el nuevo Estatuto, nuevas formas de esclavitud como la figura del trade digital?

No se va a permitir eso en este ministerio. Ya lo anticipo y lo saben. Nos pueden someter a las presiones que estimen, no se va a permitir la figura del trade digital. Un trabajador o trabajadora en una bicicleta con una aplicación móvil no es una persona autónoma. No merece ni discusión. Constan presiones múltiples, os podéis imaginar, pero no va a ser. Lo que sí que va a ser, y estamos ya ultimando la propuesta legislativa, es que vamos a actuar con carácter inmediato en las fórmulas de explotación, que ya todo el mundo conoce que hay relaciones de dependencia y ajenidad con los denominados riders. Son trabajadores adscritos a una relación que ha de ser asalariada. Basta ya de fraudes y de abusos en plataformas archimillonarias que de manera depredadora permiten que nuestras vidas formen parte de un calvario. No va a existir el trade digital.

¿Se legislará para que la norma opere y que los trabajadores de esas plataformas no tengan que estar recurriendo a los tribunales para esclarecer su situación?

Si no legislamos, los trabajadores asolados por esta barbarie tienen que emprender acciones, y esto es un calvario más. En breves días tendremos una propuesta legislativa para facilitar el máximo de protección. Sé que esas multinacionales buscarán zonas de penumbra para otras formas de explotación pero se lo vamos a poner difícil. Y quiero felicitar a la Inspección de Trabajo, que ha hecho un trabajo súper relevante en esta materia. Son cientos y cientos de relaciones laborales que están dando de alta, que tienen que cotizar todo lo que no han cotizado, hablamos de reconocimiento de derechos y de cantidades ingentes. También, este ministerio es el de la Economía Social y la queremos fomentar, pero es cierto que hay algunas cooperativas que de manera fraudulenta han utilizado, y se ha demostrado, falsos autónomos.

Para los autónomos reales, ¿se implementará la cotización en base a tramos de ingreso?

Está en nuestro acuerdo y debe ser así. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay muchísimas realidades: de 3.200.000 personas, casi un millón son socios societarios, pertenecen a una esfera muy elevada en la escala social y tienen unos ingresos que están a años luz de los que tiene una persona autónoma en un régimen ordinario. Luego tenemos casi dos millones de autónomos que son personas físicas, y estas son las que merecen la atención: son profesionales, tienen negocios que son reales y que son muy importantes por lo que aportan a la economía de nuestro país. De esos dos millones, 430.000 tienen alguna persona contratada. Todos esos autónomos, todo ese acordeón social, van a las bases mínimas de cotización. El de arriba y el de abajo cotizan por el mínimo en su base. Esto genera un régimen profundamente insolidario. La cotización por ingresos reales supone fortalecer la solidaridad entre los autónomos, mejorar la protección social con un impacto de género fuerte y una mayor recaudación en términos sociales para nuestro país. Y hay una franja que no alcanza ciertos ingresos en su negocio que tiene que estar exenta.

Dos tendencias preocupantes. Hay casi diez accidentes laborales mortales a la semana. Y en 2019 el número de ERE (casi 2.000) fue un 52% superior al del año anterior y el más alto del último lustro.

Tuve una intervención muy polémica cuando era diputada en la oposición, preguntando qué sucedería en nuestro país si en vez de fallecer 500 trabajadores o trabajadoras fallecieran 500 empresarios o empresarias. Sigo haciendo la misma reflexión. Estamos viendo cómo los trabajadores y trabajadoras mueren como chinches en su puesto de trabajo o in itinere. Anticipo que desde la Inspección de Trabajo se va a actuar de manera fuerte, además hay que cambiar la cultura empresarial y la del mundo del trabajo, poner medios y recursos. En una parte sustancial, la siniestralidad tiene que ver con la precariedad.

Tenemos que ver los informes, pero creo que los despidos colectivos tienen que ver con un proceso de desindustrialización fortísimo que está asolando nuestro país. Hemos sufrido una profunda desindustrialización, en los años ochenta, enmascarada en una falsa reconversión que nunca existió, y asistimos ahora a una segunda oleada de despidos colectivos aderezada con una política industrial inexistente, que fue aquella de la que llegó a presumir Solchaga. Vamos a intentar actuar en la corrección de mecanismos con las dificultades que ello entraña. Más allá del debate sobre la transición ecológica, carecer de un modelo industrial fuerte es casi condenarnos a un modelo basado en el sol y playa, en políticas residuales y carentes de valor añadido. Y sobre todo basadas en relaciones laborales de escasa protección.

¿Qué es para usted el orgullo de clase? ¿Cree que está en cierta manera perdido?

¿El orgullo de clase perdido? En absoluto. La mayoría de la población española es trabajadora. Es plural y diversa pero todos y todas somos trabajadoras y edulcorarlo creo que es un error. Yo me siento muy orgullosa de ser hija de trabajadores y trabajadoras y creo que no hay nada más hermoso que ser abogada laboralista. Defender a la clase trabajadora es lo mejor que te puede pasar en la vida. 

¿Le ha molestado que en algunos medios se haya hecho hincapié en sus orígenes familiares y en su militancia política para presentarla, quizá de manera simplista, como una ministra comunista?

Creo que esos medios de la derecha que querían ofenderme a mí o a mi familia se han equivocado. Me siento orgullosísima de lo que soy, de lo que represento y voy a seguir representando. No me voy a cambiar de bando jamás. Soy la hija de un padre y de una madre y de una cultura política que es colectiva, y yo estoy con los de abajo, lo tengo muy claro. Creo que represento lo que no les gusta. Lo que ellos quieren es que los hijos e hijas de la clase trabajadora no seamos ministras. Entre mi hija Carmela, que es hija de unos padres trabajadores, y mi padre, que fue un preso durante el franquismo que luchó para que tuviéramos lo que tenemos, hay un hilo rojo que no van a destruir.

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Fuente: Apuntes de clase / La Marea