La derecha político-religiosa de este país se moviliza al instante cuando alguno de sus privilegios puede verse comprometido. Se trate de la concertación de las escuelas privadas, del patrimonio apropiado por la Iglesia Católica vía inmatriculaciones o de la exención de impuestos de esta misma corporación aunque sus actividades lucrativas hagan «cajas» millonarias como es el caso de la Mezquita de Córdoba. Cuando algún político, en defensa de la aconfesionalidad del Estado, denuncia la connivencia de las instituciones públicas en el sostenimiento de estos privilegios, y cuestiona las leyes que los amparan, la derecha político-religiosa se quita la careta de la bondad, la caridad y el amor al prójimo, y arremete contra él sin piedad.