¿Pertenece España a los militares? El patrimonio y los negocios de los ejércitos Imprimir
Opinión / Actualidad - Política
Escrito por Colectivo Utopía Contagiosa   
Sábado, 11 de Agosto de 2012 05:10

Valla MetálicaAntes se solía decir que España éramos todos (con la sana intención de recaudar solidariamente los impuestos al contribuyente).  En nuestra opinión puede que España seamos todos, pero sólamente si por todos se entiende el Ejército.

En este artículo queremos analizar públicamente un aspecto del militarismo hispano al que no se le ha solido dar casi importancia, pero que pensamos que la tiene, y mucha: la inmensa posesión de bienes, tierras e infraestructuras que pertenece a lo militar y las consecuencias que ello ha tenido siempre, pero, sobre todo, que va a tener en los próximos años debido a la enrome deuda militar de más de 36.000 millones de €.  que mantiene el ejército, a su pretensión de incrementarla con nuevas adquisiciones de armamentos en lo que parece como un segundo ciclo armamentista, y a la pretensión de enajenar una gran parte de estos bienes militares para financiar el enorme gasto militar en armas.

 

El título del artículo no nos parece exagerado si consideramos que el Ministerio de Defensa cuenta con una cuantiosa red de infraestructuras que lo convierte en el principal terrateniente del estado, por encima del segundo del ranquing (la iglesia) y de los demás. Son de su propiedad las instalaciones de los miles de cuarteles militares, instalaciones de comunicaciones, pistas de aviación, carreteras, ferrocarriles, campos de entrenamiento y tiro, centros de investigación, de vigilancia, bases en diversos territorios y en territorios fuera de España, centros tecnológicos y de investigación, centros de cría caballar, hospitales, aeropuertos, puertos militares, museos y castillos, cárceles, viviendas, economatos y mercados, explotaciones agrícolas  e incluso islas, espacios naturales y cementerios, etc.

Una particularidad de las propiedades militares es su opacidad y ocultismo. Un ocultismo que ha sido denunciado por los pocos investigadores que se han aventurado a intentar cifrar los bienes y el patrimonio de los ejércitod. Sabemos que queda mucho oculto en este listado inicial que os ofrecemos.  No hemos podido encontrar, por ejemplo, el listado completo de acuartelamientos por provincias y ello elevaría en mucho metros cuadrados y en muchas edificaciones los inmuebles del Ministerio de Defensa.

¿Por qué no se publicitan estos datos de las propiedades del ejército?  ¿Hay algo que ocultar en todo ello?  Sólo con la punta del iceberg que os hemos expuesto queda claro quién manda en España a nivel de infraestructuras.

El Ministerio de Defensa no sabe, realmente, qué posesiones tiene.

¿Cuáles son las posesiones inmobiliarias del Ministerio de Defensa y de sus tres ejércitos?  No se sabe.  No lo saben claramente ni ellos. No existe oficialmente un inventario completo.

Tanto tienen y tanto están acostumbrados a tener que durante muchísimos años no han hecho el menor caso ni han sentido la necesidad de hacer un registro de qué les pertenece.

De hecho, en su propia página web reconocen que hasta 2003 no tenían un planificación sobre inversión de infraestructuras a largo plazo. Ello quiere decir que en infraestructuras militares reina la improvisación y desorden (lo cual compagina muy bien con otra de sus políticas, la de renovar el armamento mediante los Programas Especiales de Armamento que ha deriva en una deuda de 30.000 millones de euros por la mala gestión política de los programas).

Existe un catálogo de bienes de la defensa que, en realidad, sólo tiene catalogado los bienes adquiridos últimamente o los que has supuesto litigio con vecinos de los pueblos donde se encuentran (normalmente por discusiones sobre lindes o por perjuicios a estos vecinos) y existe otro (también incompleto) catálogo de patrimonio histórico de la defensa.

Sin embargo, este orden de cosas no podía seguir así y Convergencia y Unió en su programa electoral para las elecciones de 2011 ya manifestaba que “promoveremos un  mapa de usos de los bienes inmuebles de los Ministerios de Defensa e Interior, con inventario detallado en cada  CCAA y se pedirá que los equipamientos militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en desuso o baja utilización, como se lo caso del cuartel de El Bruc,  se cedan sin condiciones y de forma íntegra a las Administraciones Catalanas competentes para destinarlas a fines sociales, culturales o de ocio”.

Parece que el Gobierno de Rajoy y el Ministro de Defensa Morenés han tomado la idea en serio y han anunciado, a través del Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, en Julio de 2012 que “en seis meses se dispondrá de una especie de ‘Libro Blanco de la Infraestructura de Defensa’”.


El organigrama y la política de Defensa en cuanto a infraestructuras.

En el Ministerio de Defensa existe una Dirección General de Infraestructura (dirigido por el Teniente General del Ejército del Aire, Eduardo Zamarripa Martínez, nacido en Madrid en 1945), que “es el órgano directivo al que corresponde la preparación, planeamiento y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y políticas de seguridad de la información del Ministerio de Defensa, así como la supervisión y dirección de su ejecución”.

También existe desde 2003 un Plan Director de Infraestructuras (PDI) con duración prevista hasta 2017 (aunque otras fuentes del Ministerio de Defensa le dan vigencia hasta 2021). Este Plan explica que “por primera vez en la historia del Ministerio de Defensa, contempla una planificación a largo plazo de las inversiones en infraestructura”.

Una de las características de este PDI es “la apuesta decidida por la externalización del mantenimiento de la infraestructura. En este sentido, conviene resaltar que se tiene prevista la externalización de 18 bases o acuartelamientos, pudiendo ser 21 en función de los procesos de concentración de las bases “Alemán Ramírez” de Las Palmas de Gran Canaria, “Alfonso XIII” de Melilla y “General Pardo de Santayana” en Ceuta”.


Breve catálogo de infraestructuras del Ministerio de Defensa.

A la espera de lo que van a publicar en pocos meses en el Libro Blanco de Infraestructuras, podemos adelantar algunos datos para que tengamos una primera impresión de qué posee el Ministerio de Defensa:

  • Generales.

El Ministerio de Defensa dispone de un grandísimo número de cuarteles, ministerio, oficinas del ministerio en las distintas provincias, acuartelamientos, bases, campos de prácticas, campos de tiro para el ejército, la armada y el ejército del aire,etc., por todo el territorio español. Este patrimonio se encuentra exento del impuesto de bienes inmuebles y tiene un altísimo valor económico, lo que ha despertado operaciones especulativas como la llamada “operación campamento”.

  • Espacios naturales.

Por otro lado, si hablamos de espacios naturales, las Fuerzas Armadas disponen de 33 campos de maniobras y entrenamiento (según sus datos, aunque posiblemente sean más) repartidos por todo el territorio nacional, con una extensión global superior a las 150.000 hectáreas, 1.500 millones de metros cuadrados. (Impresionante cifra, ¿eh?, sobre todo si a ella le añadimos todas las demás propiedades del Ministerio)

  • Problemática ambiental.

El Ministerio de Defensa suele sacar pecho en cuanto puede de lo útil que es para la naturaleza española el que ellos tengan la posesión de tantos terrenos.  Según el discurso oficial, gracias a ellos estos espacios se mantienen virgenes y sin las agresiones medioambientales y urbanísticas del resto del territorio.

El cinismo del Ministerio llega al límite de decir que estos espacios están protegidos porque “la utilización por parte de los Ejércitos evita las agresiones comunes a otras áreas naturales de España”.  Nada se habla de que en ellos se realizan prácticas de tiro con distintos armamentos y ejercicios de entrenamiento con la consiguiente contaminación de metales pesados, impactos acústicos, contaminación de aguas, suelos, aire, destrozo de flora y fauna, incendios, liberación de CO2 al aire, etc.

Presumen, por ejemplo de que “durante los años 2007 y 2008 se va a impulsar de forma prioritaria las actuaciones ambientales en estos espacios naturales, y se establecerán normas que prevengan el deterioro del medio natural y faciliten su conservación.  Asimismo, se impulsarán medidas para la conservación, mejora y recuperación del patrimonio natural, con actuaciones agroforestales para aumentar los sumideros de CO2 en las instalaciones de Defensa (mediante las  reforestaciones, el cuidado de los bosques, la lucha contra la erosión o la reforestación de terrenos agrícolas abandonados) , el desarrollo de un plan de defensa y mejora específico para fauna y flora autóctonas, experiencias piloto de cría y liberación de especies y acciones encaminadas a la lucha ecológica contra plagas.”

Lo más lógico y natural sería que estos espacios naturales tuviesen una gestión civil adecuada llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y sus técnicos porque de no ser así se producen conflictos en los que suele perder el medioambiente y ganar los intereses no respetuosos del Ministerio de Defensa.  Un ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2012 en la que  ”ha dado la razón al Departamento que dirige Pedro Morenés. Tras ocho años de litigios, el Alto Tribunal estima que Defensa no tendrá que comunicar a la Consejería de Medio Ambiente andaluza los ejercicios que vaya a desarrollar en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.  El Ministerio de Defensa no tendrá que ‘avisar’ a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cada vez que se vayan a realizar ejercicios o maniobras en los enclaves militares situados en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz (el campo de tiro del Centro de Ensayos de Torregorda y el campo de tiro de armas portátiles de Camposoto) tal y como pretendía la Junta de Andalucía. El argumento que usa el Tribunal Supremo es  que, en caso de conflicto entre la Defensa Nacional y la titularidad del espacio protegido, “siempre y en todo caso la Defensa tendría predominio absoluto”, tal y como contempla la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional”.  Será legal, pero quien sale perdiendo es el medioambiente.

Además, también es lógico pensar que el uso de estos espacios naturales debería ser abierto y público, para disfrute de todos, no sólo de los militares. ¿Por qué han de tener los militares privilegios por encima de los civiles?

Un claro ejemplo de conflicto civil-militar es el que ocurre en Baleares:  El Grupo Ornitológico Balear, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,Greenpeace, SEO y WWF “piden al Patronato del Parque Nacional de Cabrera que rechace el Plan de Usos Militares presentado recientemente por el Ministerio de Defensa.  Las organizaciones señalan que estas maniobras tendrían impactos negativos en un área de alto valor ecológico“.  Nosotros nos sumamos a esta petición.  Los ecologistas argumentan que aunque el Plan de Usos Militares es conforme a la legalidad vigente, no parece que tenga ningún sentido hacer prácticas militares en pleno Parque Nacional.  Nosotros estamos de acuerdo porque:

  • En los parque nacionales hay que cumplir muchos requisitos para visitarlos, así por ejemplo, en Cabrera, las pernoctas para los civiles son muy poco amplias, 1 noche en julio y agosto, 2 en septiembre y 7 como máximo en el resto del año, esto es así para causar el menor daño ambiental. El Parque concierta visitas de hasta 60 personas, sin embargo, se prevé que serán 300 los militares que se salten la normativa y maniobren en este Parque Nacional. ¿Respetan los militares en sus maniobras las redes de senderos habilitados para el tránsito y la prohibición de no salirse de ellos?
  • También hay que cumplir unos rigurosos requisitos para realizar lo que se llaman “usos compatibles”, por ejemplo, en la pesca (que ha de ser artesanal) y como decíamos antes en las visita.  ¿Respetan los militares la pureza de las aguas y la biodiversidad de las costas?
  • Los militares no están (o no deberían estar) por encima de todo.  Antes bien, deberían estar al servicio de todos.  Esta actuación suya nos parece egoísta e insolidaria (valores que les suelen caracterizar).  Como dicen los ecologistas:  ¿no hay otro terreno que no sea un parque nacional para hacer entrenamientos?, ¿no tienen suficientes terrenos militares para no respetar la máxima figura de protección del medio ambiente?
  • En definitiva, ¿es compatible la figura de un Parque Nacional con la de un polígono militar para entrenamientos de guerra?

Infraestructuras militares de investigación que podrían (deberían) ser civiles:

Desde otro punto de vista, también son infraestructura militares que deberían reconvertirse a uso civil dos importantes centros de investigación:

  • El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
  • El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Cuenta también con un complejo de investigación en armamento biológico, químico y nuclear en Getafe (“La marañosa”) en una extensísima finca y con un funcionamiento y financiación muy opacos a pesar de haber sido objeto de varias preguntas en el parlamento.


Infraestructuras sanitarias.

También posee otro organisms, el ISFAS con múltiples infraestructuras sanitarias como los hospitales militares de Madrid, Zaragoza, San Fernando (Cádiz), Ceuta y Melilla;  y unas 60 delegaciones por toda la geografía nacional.

Infraestructuras educativas.

En el aspecto educativo, el Ministerio de Defensa posee:

  • escuelas de oficiales y suboficiales
  • una Escuela Militar de Sanidad,
  • una Escuela de Militar de Estudios Jurídicos,
  • una Escuela Militar de Ciencias de la Educación,
  • una Escuela Militar de Intervención,
  • una Escuela Militar de Músicas Militares y
  • una Escuela Militar de Idiomas.


Otras infraestructuras.

Aunque sabemos que va a sonar un poco a guasa, también poseen los militares diversas infraestructuras, no despreciables como se verá a continuación, dedicadas a la cría caballar.  En concreto un centro de Dirección Gerencia en Madrid, un centro de cría en Jerez (Cádiz), otro en Écija (Sevilla), otro en Ávila, otro en Zaragoza, una escuela militar ecuestre y un Laboratorio de investigación aplicada.  Por más que hemos buscado algo relacionado con la cría de cabras para la Legión, no hemos sido capaces de dar con los datos, aunque algo ha de existir porque la susodicha cabra desfila bastante bien y en algún lado habrán tenido que criarla, seleccionarla y educarla castrensemente.  Siguiendo con el apartado zoológico, el Ministerio de Defensa posee un Museo, Biblioteca y Centro de Investigación Histórica del Centro Nacional de Veterinaria, en Madrid.

No podría faltar una Red de Bibliotecas de Defensa que está considerada de uso restringido pero que cuenta con 37 centros. Para completar la oferta existen, además, 25 archivos de temática y uso exclusivo militar.

Si seguimos con el tema cultural, la Red de Museos Militares está presidida por los tres Museos Nacionales pertenecientes a los Ejércitos de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, ubicados todos ellos en Madrid.  Además, la red se completa con otros 18 museos.

Con más arraigo histórico son las posesiones militares que tienen que ver con fortificaciones y castillos, con un total de 16 centros reconocidos.


Enajenaciones.

La siguiente noticia de 2008 es clave:  “Defensa cuenta con 11 millones de m2 para su enajenación”.  Desde 2004 hasta 2008, el Ministerio de Defensa ha vendido unos 9,3 millones de m2 de terrenos militares, gran parte de ellos para el montaje de toda la burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo vivida en años anteriores.

Otra fuente para contrastar las posesiones sin límite del Ministerio de Defensa es el Ministerio de Vivienda que nos habla de 28 convenios con defensa desde 2004 a 2007.

El Ministerio hace caja  por tres medios:  ventas, subastas y convenios con otras administraciones (por ejemplo, en 2008 se convenió con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Madrid, la venta de 115.000 m2 de la Estación Radiotelegráfica que el ayuntamiento compró para equipamiento público.  En el año 2007 se convenió la compra por el ayuntamiento de Hinojosa del Duque, en Córdoba, de 2 millones de m2 (200 Ha) para políticas de empleo rural; etc.).

Esta política de obtención de dinero líquido mediante las desamortizaciones tiene mucha tradición.  Ya en tiempos del ministro Eduardo Serra, del Partido Popular (1997), el diario EL PAÍS titulaba “La tercera desamortización” a un artículo en la que explicaba que eran más de 1.500 millones de m2 de superficie los involucrados en las enajenaciones, de los que 13,4 millones corresponden a edificios que querían enajenar los militares.  También reflejaba que en Ceuta y Melilla, sus propiedades suponen un tercio del término municipal. En la Península, dicho porcentaje ronda el 0,5% de la superficie de muchas provincias; aunque hay notables excepciones como Zaragoza (2,1%), Cádiz (1,7%), Madrid o Toledo (1,1%).  Es decir, que el Ministerio de Defensa es uno (o el principal) terrateniente del suelo español.

¿Dónde va este dinero?  Suponemos que a financiar, directamente el modelo militarista de dominación-violencia.  Actualmente nos tememos que va a ser una de las salidas que va a intentar taponar el enorme agujero de la deuda militar de 30.000 millones de € por el gasto en los desmesurados y mal gestionados políticamente Programas Especiales de Armamento.

LLamativamente, cuando Defensa revende terrenos que adquirió por expropiación (un método que se utilizó mucho después de la guerra civil para apropiarse de múltiples propiedades) no hace ninguna de las cosas que serían de justicia:

a) dado que el terreno deja de tener la función por la que se expropió, iniciar un expediente de reversión a su anterior dueño

b) Dado que el justiprecio pagado por su expropiación (cuando sus dueños no fueron obligados a fijar uno simbólico o a ceder o regalar los terrenos al ejército, otra forma de abuso) procedía de las cuentas públicas y no del ejército devolver ese dinero a las cuentas públicas para su destino a fines socialmente útiles.

El Ministerio de Defensa nunca se ha mostrado desinteresado en las negociaciones para hacer convenios o ceder terrenos a otras instituciones.  Por ejemplo, hace poco se anunciaba que va a ceder el uso de 62.000 m2 en el ayuntamiento de Tarifa a la Fundación Migres para que se monte un observatorio de migración de aves y sobre el cambio climático.  Dicho terrenos eran la antigua batería de costa D-8 Punta Camorro, desde hace tiempo en desuso.  Ahí han estado los terrenos desde hace mucho y Defensa los ha retenido aun cuando su utilidad militar era escasa o nula.  Además, Defensa no enajena la propiedad de los terrenos sino que cede su uso.  No hemos podido averiguar a cambio de qué ni por cuánto tiempo a pesar de consultar una decena de fuentes.  ¿Por qué será?.


Alternativas a las infraestructuras militares.

¿Sería lícito y moral, sería útil y necesario dejar de priorizar las necesidades militares para, en estos tiempos de tan duros ajustes económicos para los civiles, comenzar a priorizar las necesidades civiles antes que las militares?  En nuestra opinión, sí.

Es necesario exigir la solidaridad del Ministerio de Defensa con los demás ministerios y pedirles que la inmensa cantidad de terrenos que tienen con nulo o escaso uso, sean cedidos sin coste a los ayuntamientos para que puedan realizar las múltiples actuaciones sociales que se necesitan y que se encuentran interrumpidas, entre otras cosas, por la escasez de suelo a precios razonables.  Con ello nos beneficiaríamos todos y la economía se relanzaría.

Por otro lado, ganaría el medio ambiente porque, como decíamos más antes, las utilidades que se darían a muchos de estos lugares serían más adecuadas con el respeto a la naturaleza.

En el capítulo de alternativas, es exigible que el ministerio de defensa publique su completo patrimonio y sus usos a fin de que con absoluta transparencia, la cuidadanía pueda controlar estos y conocer este dato esencial.

Por otra parte se debe investigar qué bienes de titularidad militar no tienen un efectivo uso militar y darles el destino social necesario, para lo que es necesaria esta auditoría de bienes militares.

Existen infinidad de litigios repartidos por el territorio del estado que involucran a pueblos, vecinos y grupos sociales y a los terrenos militares o de apropiación militar. En nuestro criterio es necesario resolver de forma justa estos litigios y en favor del interés común, que suele coincidir con el de los litigantes civiles.

No es admisible la especulación de terrenos par sufragar la adquisición de armamentos. Debería por ley prohibirse esta ilegítima modalidad de hacernos pagar unas armas que no necesitamos ni queremos.

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Fuente: La Utopía Contagiosa