El sistema de la Seguridad Social española, que está fundamentado en un sistema de reparto, se enfrenta a una seria ofensiva organizada a través del conjunto de recomendaciones aprobadas por una gran mayoría de diputados de la Comisión del Pacto de Toledo.

Si no se corrigen y se detienen los efectos perniciosos de esas recomendaciones, los 9 millones de pensionistas actuales y sobre todo los futuros pensionistas, verán fuertemente debilitados sus derechos a una pensión pública digna.

Lo más sobresaliente es que entre las recomendaciones no se prevea la reparación del daño causado a las cuentas de la Seguridad Social, particularmente a sus reservas, por los saqueos continuados, durante años, que las cotizaciones sociales han sufrido a manos de los diferentes gobiernos. Nada se dice de las promesas de los partidos que apoyan al gobierno sobre la derogación de las reformas laborales, las reformas de las pensiones de Zapatero y Rajoy, ni del destope de las bases máximas de cotización.

A corto plazo, para contentar a los pensionistas actuales, se apuntan problemas concretos, sin implicarse en soluciones concretas, o bien se mantiene lo conseguido hace un par de años sobre el mantenimiento del poder adquisitivo según el IPC. Pero, a medio y largo plazo, se introducen recomendaciones que sientan las bases de una modificación sustancial del sistema de reparto que afectará de lleno a los actuales trabajadores activos cuando se jubilen. La AIREF habla de un sistema sostenible, pero, a un nivel asistencial, con una reducción de la tasa de sustitución del 30% respecto a la situación actual.

En los últimos meses se ha conseguido algo importante. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas, y muy especialmente a los trabajos y exigencias de la COESPE, se reconoce que durante años se estaban financiando con cotizaciones “gastos impropios”, es decir, que no eran de la Seguridad Social. Desde luego que ese obligado reconocimiento del ministro dejó desnudos a los demás partidarios del Pacto de Toledo, que llevan un cuarto de siglo negando esa evidencia y, han tenido que sumarse a ese reconocimiento. Puede ser un paso, pero ¿de qué sirve reconocer que ha habido una indebida utilización de los recursos de la Seguridad Social, si al mismo tiempo no se corrigen sus dañinos efectos?

A pesar del barniz de progresismo que todos sus partidarios otorgan al Pacto de Toledo, es necesario no olvidar los antecedentes. En 1994, cuando se aprobó la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), representante directo de la burguesía catalana y española, con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits”, se señalaba ya el centro sobre el que gravitarían las reformas. En la exposición de motivos se señaló como obstáculo para resolver la problemática de la evolución presupuestaria de la Seguridad Social, a “la estructura financiera del sistema de Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto”.

Precisamente, lo que se pretende organizar con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que se discutirán próximamente en el pleno del Congreso, es la dislocación del funcionamiento del régimen de reparto en que se basa nuestra Seguridad Social. Aplicando así le línea marcada desde la creación del Pacto de Toledo. El objetivo a donde apuntan las modificaciones y reformas propuestas es a un cambio de modelo de Seguridad Social.

El modelo que se anuncia basado en el modelo inglés, dice el ministro, consistiría en un sistema de reparto raquítico pero sostenible, desprovisto de la protección que otorga el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social garantizando las aportaciones del Presupuesto del Estado, no prestamos, en caso de insuficiencia de las cotizaciones.

Desmontar las falsedades que justificaron el relato de una Seguridad Social en crisis es una necesidad urgente. Sobre unas bases económicas falseadas por el desvío de las cotizaciones, se aprobó la creación de la Comisión que se llamó del Pacto de Toledo. La propuesta de la COESPE de exigir la realización de un auditoria pública que determine la magnitud del saqueo para restablecer la verdad de lo ocurrido, permitirá crear bases organizadas sólidas para revertir las recomendaciones adoptadas.

Por ello es importante que, junto a no rotundo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, se busque la unidad de todas las organizaciones y colectivos para la recogida masiva de firmas por la exigencia de una auditoria pública.

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Juan Miguel Fernández

Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Vocal de Unidad Cívica por la República (UCR)

y Vocal de Asociación Civil, Milicia y República (ACMYR)