El Jefe del Estado y su familia real han sido incapaces a lo largo de toda su trayectoria de representantes de España, un servicio muy bien remunerado por lo que parece, de hacer siquiera un guiño a la vilipendiada y maltratada Sanidad Pública, a la que se está conduciendo a marchas forzadas a la privatización.

Si Juan Carlos I fuera más sensible con los problemas y las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, la legión de parados, una cuarta parte de la población activa, y el tercio de los asalariados que no llega a los 1.300 euros mensuales, se hubiera operado en un hospital público, como mensaje poderosamente simbólico de que él sí cree en la bondad del modelo sanitario que se quiere deconstruir y convertirlo en mera beneficencia, como hace un siglo.

No vale la disculpa de alegar que su médico traumatólogo, Ángel Villamor, quien ya le ha operado de pie, rodilla y las dos caderas, ejerce en un hospital privado, del que no diremos el nombre porque ya ha recibido suficiente propaganda en los telediarios oficiales. Villamor operaría encantado allá donde le dijeran, pero los hospitales públicos para los miembros de la familia real solo sirven para inaugurarlos y darles nombre. Además, cuando los problemas médicos del monarca han sido de otra especialidad también se ha decantado por la clínica privada.

Contrasta este comportamiento con el de sus parientes, la reina de Inglaterra y su prole, nacidos todos ellos bajo la atención y el cuidado de uno de los orgullos británicos, el National Health Service, cuya imagen fue reforzada en la ceremonia de los Juegos Olímpicos a pesar de que la Health and Social Care Act 2012, pone en peligro su carácter público. Detalles como estos consiguen un mayor arraigo en el pueblo de ésta institución, que ya que racionalmente es poco defendible solo puede jugar la baza emocional y sentimental.

Deberían darse cuenta los encargados de mejorar la lamentable imagen de la Institución, especialmente entre los jóvenes, que no se sienten deudores de nada hacia la Corona, de la necesidad de que el Rey demuestre su cercanía con el sufrido ciudadano, entre otras formas con la utilización del servicio sanitario público. No se trata de llenar las agendas de todos los miembros de la familia con visitas y encuentros que solamente sirven para que reciban pitos a la entrada de los actos y empeoren la salud de sus miembros, sino de que estos tomen acciones que favorezcan alguna vez a los desfavorecidos.

En el caso del otro servicio público que debería ser gratuito, el de la Justicia, el monarca no puede dar el mismo ejemplo de uso que en Sanidad ya que la Constitución le impide ser justiciable, pero dado que todos los demás lo somos, sí podría haber buscado una ocasión para pronunciarse sobre la necesidad de no mercantilizar la Justicia con un servicio de pago, acción ignominiosa llevada a cabo por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Si al soberanismo catalán le reprendió vía web, no hay razón para no alertar del daño que causa el atropello constitucional que supone exigir a los ciudadanos que paguen para obtener justicia, y que ha sido denunciado por todos los encargados de impartirla.

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Fuente:   La celosía