Los servicios públicos son esenciales para la convivencia y la supervivencia de la sociedad. En solo tres meses hemos tomado conciencia de que la inversión en sanidad es urgente e imprescindible. Pero, ¿y qué pasa con la educación como servicio público? Tengo la impresión de que a la educación se le trata como un asunto menor.

Se han construido hospitales de campaña (en Valencia, sin ir más lejos); se ha hecho lo imposible por dotar de EPIs a los sanitarios; se han reforzado las plantillas; se han establecido protocolos de actuación claros y concretos. ¿Y en la enseñanza? Nadie habla de los recursos informáticos que se necesitarán en septiembre en las aulas (igual confían en que los ponga el profesorado, como en el confinamiento); ni una palabra sobre nuevas aulas; no hay previsión de contrataciones de profesorado, necesarias para disminuir la ratio; y todavía no hay instrucciones concretas para el curso que viene y, sin estas, en septiembre tendremos un calco del final de este que acaba: «bienvenido a la república independiente de mi Centro».

La ministra del ramo sigue enzarzada en generar SU propia ley, una más en la historia de España. Por cierto, proyecto de ley que consiste en un burdo refrito de la LOE y de la LOMCE (a su vez, revoltijo de la LOE), y, además, para mayor cachondeo se denomina LOMLOE. Mientras que las incertidumbres de cómo terminar este curso y, sobre todo, cómo comenzar el curso 2020-2021 se disparan en el Ministerio, en las Consejerías de Educación, entre las familias y el alumnado, entre el profesorado y entre los agentes sociales de la Comunidad Educativa (AMPAS, sindicatos, etc.).