Resulta irónico que la situación actual de España, en términos de gobernabilidad política, sea una imagen especular de la existente en vísperas de los atentados terroristas del 11-M. En marzo de 2004 el Partido Popular de José María Aznar lo tenía todo perfectamente domesticado: los poderes del Estado, la administración, los medios, la sociedad e incluso la opinión pública. Pero de pronto se quedó sin el poder. A fines de 2010 el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero conserva el poder, pero ha perdido el control de casi todo. Aunque este poder es firme, garantizado por los quince o dieciocho meses que quedan hasta las próximas elecciones generales del 2012, el país entero se le va de las manos al gobierno.

Debe ser un meme familiar. Alicia Sánchez Camacho se ha puesto nuevamente las botas y el tricornio. Quiere subir puntos en el escalafón de su partido. El miércoles, 10 de noviembre de 2010, visitó un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, muy cercano a Barcelona [1], para proponer, con guardiacivilesca voz tronante, que los inmigrantes tienen que comprometerse a cumplir las leyes, españolas of course, esas normas que, sabido es, tanto respetan sus correligionarios catalanes y españoles; a respetar, añadió, “los valores y las costumbres de España” (¿y cuáles serán esos valores y costumbres de España-araña) y a aceptar, por si faltara un infame grano de sal, un contrato según el cual tendrán dos años para buscar empleo.