La Comisión de Justicia aprueba con el voto en contra de PP y Vox el dictamen final de la norma, que previsiblemente se votará en el pleno del Congreso la próxima semana.

La eutanasia está cada vez más cerca en España. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde al texto definitivo de la ley a la espera de que aborde su aprobación en el pleno, algo que puede ocurrir la semana que viene. Tras superar el periodo de enmiendas, la norma, propuesta por el PSOE, ha recabado los votos a favor de la mayoría de los partidos, en total 22 de los 36, y el 'no' de PP y VOX, que ya se opusieron a ella cuando comenzó su andadura parlamentaria.

Es probable que 2020 finalice con el trámite casi culminado (a excepción del último paso en el Senado), una agilidad que ha desatado las críticas de la oposición en los últimos días. La idea de la Junta de Portavoces era llevar la ley a pleno antes de Navidad, el próximo 17 de diciembre. Tras las quejas de algunos partidos, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, aceptó dejar en suspenso la fecha y volver a reunir telemáticamente a la Junta para confirmar el día.

Las enmiendas aprobadas en comisión apenas modifican el fondo de la ley, que parece que en esta ocasión sí saldrá adelante tras las varias veces que ha llegado al Congreso en los últimos años. No obstante, los partidos podrán mantener vivas las enmiendas para la próxima votación en el pleno, por lo que aún puede haber cambios.

Su objetivo es regular la eutanasia y dar cobertura legal a la ayuda médica para morir a personas en determinadas situaciones. Ya sea aplicando por parte de un médico medicamentos para provocarle la muerte o facilitándoselos para que sea ella quien se los aplique. La idea es que sea una prestación pública que podrán solicitar las personas mayores de edad cuando sufran una enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e invalidante. Deberá tener "plena capacidad de obrar" y decidir y solicitarlo de forma autónoma, consciente e informada.

El debate sobre la eutanasia en España ha ocupado la agenda pública desde que a principios de los años 90 el tetrapléjico Ramón Sampedro solicitara ayuda para morir. Después, han sido varias las personas que lo han pedido e incluso han hecho públicos sus casos para presionar en la aprobación de un marco regulatorio. El último fue el de María José Carrasco, la mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández, y al que la Fiscalía pide seis meses de cárcel por cooperación al suicidio.

"Una ley extremadamente garantista"

La sesión en la Comisión de Justicia ha afianzado las posiciones de los distintos grupos. "Es una ley extremadamente garantista que quiere asegurarse de que quien toma la decisión de forma reiterada es la persona que sufre una determinada situación que no está dispuesta a soportar", ha explicado la socialista María Luisa Carcedo, que ha defendido "un apoyo mayoritario de la sociedad española y de los profesionales" a la eutanasia. Según una encuesta de Metroscopia de 2017, el 84% de los españoles están a favor de que se reconozca el derecho.

Solo PP y Vox, que presentaron propuestas alternativas rechazadas por el pleno el 10 de septiembre, se han mostrado en contra acusando al resto de "cruzar una línea roja" y "elegir poder provocar la muerte en lugar de apostar por aliviar el sufrimiento", en palabras del diputado popular José Ignacio Echániz. La diputada de Vox Lourdes Méndez ha asegurado que su partido recurrirá la ley, ha vaticinado que tendrá "consecuencias aterradoras" y la ha calificado de "barbarie": "Somos el único grupo que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural", ha zanjado.

El resto de partidos se han mostrado en términos generales favorables a la futura regulación, aunque muchos han pedido algunos cambios como que pueda realizarse en residencias de mayores o que se depuren lo máximo posible los obstáculos prácticos. Desde Unidas Podemos, Rosa María Medel ha recordado que "a nadie se le obliga a la eutanasia" porque "se trata del derecho a una muerte digna" y Sara Giménez, de Ciudadanos, ha remarcado que se pretende "un equilibrio de derechos fundamentales" en línea con otros países que ya tienen leyes similares como Holanda, Bélgica o Canadá.

Así será el proceso

La norma prevé que podrá realizarse en centros sanitarios o en el propio domicilio, y el paciente que lo pida deberá pasar por varios filtros. El primero será el de su médico responsable, que tendrá que dar el visto bueno. A los 15 días debe volver a formular la solicitud. En el plazo máximo de dos días, el médico realizará con el paciente un "procedimiento deliberativo" sobre su diagnóstico, las posibilidades terapéuticas y los cuidados paliativos. A las 24 horas, el solicitante deberá confirmar si quiere continuar con el proceso.

Posteriormente, el médico tiene que consultar a un segundo doctor, que corroborará que se cumplen los requisitos en diez días y enviar el dictamen a una comisión cuyos miembros se consensuarán entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad. Este grupo deberá dar la luz verde definitiva. En el caso de que los sanitarios consideren que la muerte o pérdida de conciencia va a ser "inminente", se pueden acortar los plazos. Los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia.

Este es uno de los puntos más controvertidos del proyecto y al que se oponen algunas formaciones políticas y asociaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD). Les preocupa que en la práctica esta comisión "suponga un obstáculo previo" para quien quiera solicitar la eutanasia o el suicidio asistido, y que en función de qué personas lo compongan sea un órgano que acabe imponiendo trabas al derecho.

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El Comité de personas con discapacidad considera que la ley les discrimina

El Comité español de personas con discapacidad, Cermi, ve una discriminación en la manera de regular la eutanasia contenida en la propuesta del PSOE que ha reunido los apoyos para ir al pleno. Entienden que, al hablar de un “padecimiento imposibilitante”, entre los requisitos para acceder al derecho se señala a las personas con discapacidad. El Cermi asegura que, como la ley explicita que ese “imposibilitante” significa “afectada por limitaciones sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria”, se está haciendo una alusión clara “a las situaciones de discapacidad”. Por eso consideran que esta redacción queda “muy lejos” de lo que recomienda la Convención de la ONU sobre derechos humanos que España ha suscrito.

De hecho, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en la segunda revisión a España sobre el grado de cumplimiento de este tratado recomendaba que se velara “por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación”. El Cermi ha insistido a los políticos para que la norma "evite cualquier trato desigual o discriminación por razones o motivos de discapacidad", explican en un comunicado.

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FUENTE: elDiario.es