En EEUU, Alemania o Francia también se han visto situaciones en las que el poder civil ha tenido que hacer valer su primacia democrática frente al estamento militar.

La sociedad española debe romper la épica franquista existente en los cuarteles, recuperando figuras de esa mitad del ejército que hizo honor a su juramento de fidelidad a la Constitución de la Segunda República. El caso del general Emilio Herrera Linares, ingeniero militar, precursor tecnológico y presidente de la República en el exilio, es sin duda un paso en la buena dirección.

Apenas una semana después de haber sido indultado por Donald Trump la víspera del día de Acción de Gracias de 2020, el retirado teniente general Michael T. Flynn, su consejero de Seguridad Nacional hasta que fue condenado por falso testimonio, decidió a su vez agradecérselo en Twitter. “La libertad solo se arrodilla ante Dios”, decía Flynn comentando una petición lanzada desde el entorno del Tea Party en la que se solicitaba al presidente que declarara la ley marcial, suspendiera temporalmente la Constitución y eliminara el control civil sobre las elecciones presidenciales. Todo ello en aras de respetar “la verdadera voluntad del pueblo”.

¿Lo nunca visto en los Estados Unidos? No hay duda de que Trump ha coqueteado durante todo su mandato con la tentación autoritaria. Sin embargo, no es la primera ocasión en la que, como recordaba el escritor Sebastian Haffner a propósito del periodo de entreguerras, una derrota o un periodo de crisis pone de relieve la sutil tensión entre el poder político y el poder militar.

En abril de 1951, y en plena guerra de Corea, el presidente Harry S. Truman tomó la decisión de destituir de manera fulminante a Douglas MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas de la coalición de la ONU desplegadas en aquella península, después de que el general cuestionara públicamente la dirección presidencial de la guerra, en especial su negativa a utilizar la bomba atómica.

Decir que se trató de una medida impopular sería quedarse bastante corto. Gracias a sus cuidadas puestas en escena, MacArthur era uno de los generales más populares de la Segunda Guerra Mundial, y además se había acostumbrado a mandar durante su etapa como Comandante supremo del Japón ocupado. En el ultraconservador Chicago Tribune, el senador Robert Taft pidió el impeachment para Truman y declaró que debía ser arrestado, acusándolo de derrotista y de blando frente al comunismo. A su vuelta a los Estados Unidos, MacArthur emprendió una gira multitudinaria por varias ciudades y, en su célebre discurso “Los viejos soldados nunca mueren”, declaró que no existía substituto posible para la victoria.

Truman, no obstante, era consciente de que su decisión se sustentaba en al menos dos razones. Por un lado, debía afirmar la primacía del control civil sobre el poder militar, una prerrogativa constitucional que no podía ser puesta públicamente en cuestión. Por otro lado, intuía que el cambio tecnológico, abierto por la era nuclear, obligaba a revisar las nociones militares tradicionales, ya que la posibilidad de una victoria no justificaba provocar una proliferación de consecuencias imprevisibles. Aunque MacArthur daba por hecha su nominación presidencial, finalmente las primarias del Partido Republicano se inclinaron por Dwight Eisenhower, antiguo general también, pero decidido defensor de los poderes presidenciales en cuestiones de defensa, como pudo comprobarse en su histórico discurso de despedida en 1961.

A este lado del Atlántico, también estamos asistiendo a algunos episodios inquietantes, aunque en España hay una cierta tendencia a creer que en el resto de Europa –percibida como un ente idílico, en el que todo es perfecto, democrático y nada huele a rancio– estas cosas no suceden. Sin embargo, no hay que irse muy lejos para buscar los ejemplos. En Alemania, tal y como informaba el pasado verano The New York Times, la infiltración de activistas de extrema derecha en la policía y en el ejército –y no en las conserjerías, sino nada menos que en las fuerzas especiales (KSK), una de cuyas compañías tuvo incluso que ser parcialmente disuelta– ha hecho saltar las alarmas. En la que es, según Thomas Haldenwang, responsable de los servicios de inteligencia germanos, “la mayor amenaza para la democracia alemana hoy en día”, tiene mucho que ver el rearme intelectual experimentado por estos movimientos desde la aparición del partido Alternativa para Alemania (AfD).

Del mismo modo, hace unas semanas, la revista Valeurs actuelles, representante de la ultraderecha intelectual francesa, presentaba una encuesta en la que preguntaba por la intención de voto que obtendría como candidato presidencial para el año 2022 el antiguo general Pierre de Villiers. Los resultados, como analizaba uno de los mejores especialistas galos en cuestiones de defensa, Jean-Dominique Merchet, eran bastante llamativos. Al menos un 20% de los encuestados se mostraba muy favorable a otorgarle su sufragio, porcentaje que ascendía hasta el 40% entre los votantes de derecha.

Originario de la región de La Vendée, Pierre de Villiers era jefe del Estado Mayor del Ejército francés desde 2014. Todavía en el cargo con la llegada a la presidencia de Emmanuel Macron, fue cesado de manera tormentosa en 2017, debido a una serie de desacuerdos en materia presupuestaria y tras haber hecho públicas duras críticas en su página de Facebook. Circunstancia inédita en la Quinta República, el grado de tensión llegó al punto de que, durante el tradicional discurso presidencial en vísperas de la fiesta nacional del 14 de julio, Macron se sintió en la obligación de recordar a las Fuerzas Armadas que “je suis votre chef”. Posiblemente no cayó en que, como le decía Tywin Lannister a Joffrey Baratheon en Juego de Tronos: “Cualquier hombre que tiene que decir, yo soy el rey, no es un verdadero rey”.

No es extraño que un medio de ultraderecha se dedique a sondear la candidatura de Villiers, que, por otra parte y como es su derecho ciudadano, no tiene problemas en dejarse querer. Ante el enorme desgaste sufrido por Macron a causa de las crisis que ha padecido o directamente creado, así como ante el rechazo que siempre provocará Marine Le Pen, una figura de autoridad pretoriana como Villiers, partidario de la línea dura con el islamismo y de retomar el control de las fronteras, tiene opciones reales de conformar una candidatura competitiva. Cuenta, además, con un fuerte sustrato previo en un país cuyo siglo veinte estuvo marcado por dos militares convertidos en hombres políticos, Philippe Pétain y Charles De Gaulle.

Desgraciadamente, todas estas referencias internacionales vienen a cuento de las dos cartas que, en España, han sido remitidas al jefe del Estado y al presidente del Parlamento europeo por varios altos mandos militares retirados, y en las que expresan su descontento con la situación política y con el gobierno elegido libremente por la población. Estas cartas no se remiten en tanto ciudadanos corrientes, como sería su derecho, ni siquiera en tanto cargos electos tras haberse hecho a un lado del servicio activo –caso de varios de sus antiguos compañeros, que abarcan además un rango ideológico que va desde Vox hasta Podemos–, sino pretendiendo ejercer todavía como militares en activo, como demuestra su agrupación en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, e investidos de unas funciones de tutela sobre la vida política incompatibles con un Estado democrático de derecho.

Fueron, en primer lugar, antiguos oficiales del Ejército del Aire quienes abrieron el fuego el 10 de noviembre, seguidos, tres semanas después, por antiguos mandos del Ejército de Tierra. Según ha contado otro oficial retirado, José Ignacio Domínguez, existían ya contactos para movilizar también un grupo de firmantes en nombre de la Armada, pero se paralizaron tras haberse hecho público un chat de whatsapp –y así completamos la triada de redes sociales– cuyo contenido en deseos de fusilamiento y bombardeo era difícil de asimilar.

De nuevo, los patrones de la tentación pretoriana se repiten: militares de la vieja escuela que hacen suyo el lenguaje de la extrema derecha –las referencias a un gobierno “social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas” remiten sin duda a las fórmulas propagandísticas de Vox– con el objetivo de socavar a las autoridades civiles surgidas de las urnas. Un esquema que corre el riesgo de proliferar. Por un lado, a medida que las consecuencias de la crisis pandémica se hagan más visibles. Por el otro, tal y como sucediera en su día con las armas nucleares, a medida que las actuales innovaciones tecnológicas provoquen una revisión de la naturaleza de los conflictos –el uso de drones y la ciberguerra apuntan más hacia ejércitos formados por hackers que por tropas convencionales–, y siembren así de incertidumbre la posición económica y social de los actuales militares profesionales.

A corto plazo, las instituciones han demostrado su fortaleza ante este desafío. El Ministerio de Defensa, por boca de la ministra Margarita Robles, ha recordado la necesaria neutralidad política de las Fuerzas Armadas y el error de querer implicar al jefe del Estado en la lucha partidista; también ha puesto el contenido del chat en conocimiento de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con anterioridad, y ante la enésima ocurrencia de la misma naturaleza por parte de Vox, que proponía un “bloqueo naval” de las Islas Canarias para frenar la llegada de migrantes, el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Teodoro López Calderón, recordaba que el concepto de bloqueo no puede aplicarse al propio país, al tiempo que señalaba la obligación, recogida por el derecho marítimo, de socorrer a toda embarcación en apuros. Pocas opciones mejores que la realidad para poner de manifiesto que las provocaciones del partido de extrema derecha no hacen más que revelar la ignorancia de su oportunismo.

A largo plazo, no obstante, hará falta algo más. En este sentido, mal haría la sociedad en general y la izquierda en particular en seguir entregando a la nostalgia franquista la memoria histórica del ejército. En el golpe de Estado de julio de 1936, la mitad del ejército hizo honor a su juramento de fidelidad a la Constitución de la Segunda República, incluidos muchos militares que no compartían sus contenidos. La reciente recuperación de la figura de Emilio Herrera Linares, ingeniero militar, precursor tecnológico y presidente de la República en el exilio, es sin duda un paso en la buena dirección.

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Nicolás Sesma Landrin. Profesor de Civilización española en la Universidad Grenoble Alpes (Francia). Dirige el proyecto A la búsqueda de las fuentes de la democracia iliberal. Discursos, prácticas y redes en Europa y el mundo hispánico desde 1945 hasta la actualidad, de L’École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI).

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FUENTE: ctxt.es