Casi 1,6 billones de euros en ayudas públicas al sector bancario en el período 2008-2018, el 13,3% del PIB acumulado. Sí, porque aunque hayas escuchado en los medios de comunicación de masas que solo se salvó a las cajas de ahorro, fue todo el sector bancario el que fue rescatado. Basta analizar fuentes oficiales para ser conscientes de la magnitud del expolio que la mayoría social de este país ha sufrido.
Cierto es que una cosa son ayudas públicas y otra, el coste que para el erario público ha supuesto dicho rescate. Hasta el momento, el quebranto asciende a 75.285 millones de euros según el propio Banco de España. Para que te hagas una idea de la magnitud, supone algo más de 1.600 euros por cada habitante del país. Si quieres compararlo con otro parámetro, por ejemplo, uno presupuestario, con el coste del rescate bancario tendríamos para 20 años de Ingreso Mínimo Vital en los términos en los que ha sido aprobado por el Gobierno de coalición.
En definitiva, un "pastizal" que hace que, a cualquiera que ha escuchado a la derecha defender la estabilidad presupuestaria, le suscite la obligación de hacerse la siguiente pregunta:
¿Y si lo recuperamos?
Pero cuando nos planteamos la necesidad de recuperar el dinero del rescate, ese “que no nos iba costar ni un euro” según M. Rajoy, rápidamente hay gente muy sabia que pone objeciones. Un ejemplo ha sido el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ha advertido con voz firme al Gobierno indicando que un impuesto a la banca "sería contraproducente" en un momento en el que el país "necesita que sus bancos sean rentables". Su intervención en la reciente Cumbre Empresarial organizada por la CEOE ha dejado claro que tanto los impuestos como los requerimientos "de cualquier tipo" que incidan en la rentabilidad del sector no pueden darse en un momento como el actual. "Si el sector no es rentable, será un problema para toda la sociedad, pues los bancos pasarán a estar infracapitalizados y no podrán cumplir con su objetivo de financiar a familias y empresas apoyando la recuperación económica en España".
No es nuevo esto porque, de hecho, nunca les ha parecido buen momento lo de pagar tributos de manera justa a los máximos ejecutivos de las entidades bancarias.
En las tres últimas décadas, las entidades españolas han obtenido más de 191 mil millones de beneficios antes de impuestos y han pagado poco más de 23 mil millones de impuesto sobre sociedades, un 12%. Más o menos el mismo porcentaje por IRPF que tú si ganas unos 1.200 euros netos al mes.
En los últimos años la cosa ha sido peor. Los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la crisis económica, pese a haber ganado 84.000 millones mientras tanto. Así se desprende de los datos que las propias entidades proporcionaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como es preceptivo, entre 2008 y 2017.
No es que no se pueda esperar mucho más del impuesto de sociedades pero cabe también utilizar otras opciones muy sencillas de aplicar si hay voluntad política. Y ahí se nos aparece la posibilidad de utilizar una figura tributaria existente, la del impuesto sobre los depósitos bancarios. La historia de este impuesto deja clara las relaciones de poder y la consciente actuación, a lo largo de mucho tiempo, adoptada por Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, para proteger los intereses de las entidades bancarias, aprovechándose para ello del sistema tributario español y la complejidad de las relaciones entre las diferentes administraciones territoriales.
Este impuesto nació en 2001. Fue iniciativa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente en ese momento de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Intentó aprobarlo con la idea de financiar determinados programas sociales. Ibarra defendía que los bancos apenas dejaban rendimientos por la actividad en Extremadura porque tributaban en otros territorios. Sin embargo, esa iniciativa fue recurrida por el gobierno central con José María Aznar a la cabeza y el tributo quedó en vía muerta en los tribunales.
En 2010, también Andalucía lo intentó poner en marcha y se encontró con el mismo obstáculo judicial pero en ese momento el gobierno central tenía otro signo político porque estaba en el poder José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE en Madrid paralizaba su aplicación porque supondría “segmentación y distorsión del mercado financiero” mientras que el PSOE andaluz engañaba en su territorio defendiendo que quería hacer tributar a las entidades. Dos años más tarde, fue Canarias la que lo intentó y la historia se repitió.
Pero el 14 de noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional sentenció que el impuesto diseñado en Extremadura era legal. Desde un año antes, en el gobierno central estaba el PP con mayoría absoluta y para evitar que las comunidades autónomas pusieran en marcha tributos similares al que Extremadura había ganado en el largo pleito de 11 años ante el Constitucional, Cristobal Montoro creó un tributo similar de carácter estatal y señaló un gravamen del 0%. De esta manera protegía a los bancos que no pagarían nada y evitaba que las comunidades autónomas pudieran usar sus tributos que acababan de ser considerados constitucionales.
Ante el escándalo mayúsculo y la protesta generalizada de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tuvo lugar en 2013, Montoro elevó el tipo impositivo hasta un misérrimo 0,03% sobre los depósitos bancarios que sería exigible desde 2015 y el dinero recaudado se repartiría entre ellas.
En los 5 años de aplicación se han recaudado 1.879 millones de euros (la media anual han sido 376 millones). Ese tributo, al estar transferido, se recauda por el gobierno central y se distribuye el importe entre las comunidades autónomas. Pero no es un tributo justo porque los depósitos están repartidos de manera muy desigual por regiones. Casi el 30% le corresponde a Madrid, el 17% a Cataluña, el 11% a Andalucía y el 9% a la Comunidad Valenciana. Es decir, se trata de un reparto muy regresivo que no tiene en cuenta indicadores de población, renta, desempleo o cualquier otro que equilibre la distribución del tributo.
Por eso es imprescindible modificar el tributo para suplementar el actual tipo impositivo del 0,03% hasta llegar al 1% de los depósitos bancarios. Se trata de un tipo absolutamente razonable en una economía de mercado. De hecho, se trataría de un tributo muy reducido si lo comparamos con el coste de mercado de un aval económico de un importe tan significativo como los depósitos que las administraciones públicas estamos garantizando.
El tributo se debería dividir en dos tramos. El primer tramo se dejaría en el tipo del 0,03% existente y con la actual distribución (desigual) por comunidades autónomas.
El segundo tramo del 0,97% serviría para recuperar el rescate bancario y dotar el Fondo de Garantía de Depósitos para que, en una futura crisis del sector, cuente con recursos suficientes para no poner en riesgo a la mayoría social de este país. Seguro que sabéis que el dinero que tenemos en los bancos está protegido por ese Fondo hasta un importe de 100 mil euros por titular y entidad. Lo que a lo mejor no os han contado es que el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene más que el 0,2% de esos depósitos que garantiza y es el Estado, es decir, todas y todos, los que permitimos que los ahorradores duerman tranquilos y los bancos hagan negocio. Que por todos los conceptos hayamos cobrado por esa garantía a las entidades financieras una media del 0,16% en los últimos 30 años no parece muy justo. Si crees que es un precio de mercado, pásate por un banco y pide un aval de 805 mil millones de euros y luego nos lo cuentas.
Llegado al acuerdo de que no estamos planteando un tributo injusto, veamos el efecto recaudatorio que tendría.
Supondría un ingreso adicional de 12.000 millones al año y dado que el coste actual del rescate bancario según el Banco de España asciende a 75.285 millones de euros, este segundo tramo permitiría recuperar ese importe en poco más de 6 años.
En definitiva, la modificación que proponemos es sencilla y únicamente es necesaria la voluntad política de darle una mala noticia a esos que mandan sin necesidad de presentarse a las elecciones.
En un momento como el actual en el que la falta de suficiencia, deficiente equidad y un nivel de economía sumergida y fraude fiscal, es muy superior en nuestro país al de otros de nuestro entorno, obtener fondos para impulsar la reconstrucción económica y social, es un deber ineludible.
Se impone abordar una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva. Incrementar el tipo impositivo del impuesto sobre los depósitos es un paso imprescindible para que haya diferencia sensible entre Montoro y Montero y para dar un paso decisivo con el objetivo de que se cumpla el artículo 31 de la Constitución española.
No esperemos a que quienes ganan más de 800 veces el Salario Mínimo Interprofesional den el visto bueno.
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Fuente: La última hora