Uno de los mayores escándalos existentes en el mundo económico-político de hoy es el comportamiento monopolístico de la industria farmacéutica, aprobado y subvencionado por la autoridades públicas (en teoría, representantes de la población), que protegen dicho monopolio a través de la asignación de las llamadas patentes, que garantizan la potestad a tal industria para inflar los precios de los fármacos. El argumento a favor de este privilegio es que la industria ha invertido enormes cantidades de dinero en la investigación de los productos farmacéuticos, una investigación que necesita ser pagada y retribuida, permitiéndole definir un elevado precio del fármaco, dándole, además, la exclusividad en la venta del producto, prohibiendo la aparición en el mercado de otros productos idénticos que hicieran la competencia a aquellos que tienen la patente. En consecuencia, la industria farmacéutica, altamente concentrada, es uno de los sectores con mayores beneficios existentes en el mundo de hoy.

La reiteración de las malas noticias sobre el ferrocarril en Extremadura han provocado el interés de los medios de comunicación respecto al transfondo de las repetidas averías, retrasos, descarrilamientos, incendios y paradas en medio del campo de los trenes que circulan hacia o desde Extremadura.
El diagnóstico es contundente, se abandonó el ferrocarril de cercanías y de media y larga distancia mientras que se derrochó dinero en infraestructuras para un tren de Alta Velocidad que no llegará nunca a Extremadura (no hay ningún tramo licitado a través de Castilla-La Mancha), en el resto del estado el esquema es el mismo a pesar de que ninguna de las líneas de Alta Velocidad es rentable y jamás se recuperarán los miles de millones de euros invertidos, como explica el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo.