El Gobierno decide devolver la dignidad a las víctimas del franquismo Imprimir
Nuestra Memoria - Noticias
Escrito por José Antonio Gómez   
Miércoles, 01 de Julio de 2020 04:09

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha iniciado, en un ejercicio de coherencia política y democrática, los trámites para la aprobación de una nueva Ley de Memoria Democrática que profundice y mejore lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el objetivo de dignificar y reconocer definitivamente a las víctimas del franquismo.

La salud democrática de España se recuperó tras la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ahora ha llegado el momento de dar un paso adelante y, para ello, además de lo dispuesto en el primer proyecto que ya tienen en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se ha dispuesto una consulta a la ciudadanía para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el mismo, durante el plazo de quince días naturales, hasta el día 11 de Julio de 2020, a través del buzón de correo electrónico: consultaleymemoria@MPR.es.

La ley de Memoria Histórica de 2007, aunque al principio tuvo un alto grado de cumplimiento, desde la llegada del PP al Gobierno en 2011 estas políticas dejaron de estar dotadas presupuestariamente y sufrieron una abrupta interrupción en su implementación. Paralelamente, buena parte de las comunidades autónomas han aprobado leyes propias en materia de memoria histórica y democrática, y diversos informes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, aun valorando positivamente el significado y avance que supuso la Ley de Memoria Histórica de 2007, han ido poniendo de manifiesto algunos déficits y cuestiones pendientes en las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista.

Los objetivos de la norma, según ha publicado el Ministerio en su página web, persigue, fundamentalmente, los siguientes objetivos:

  • La recuperación, salvaguarda, conocimiento y difusión de la Memoria Democrática, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
  • El reconocimiento como víctimas de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil española y la Dictadura, promoviendo su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, con arreglo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
  • Creación de instrumentos de colaboración y cooperación entre las administraciones territoriales para la articulación de la política de memoria democrática, así como de participación de la ciudadanía y del movimiento asociativo.
  • Regulación, definición y planificación de la políticas integrales de memoria democrática en aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
    • Asunción de la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y de la dictadura, planificación de actuaciones conforme a protocolos científicos y creación de un banco nacional de ADN.
    • Protección de documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política y derecho de acceso a dichos fondos documentales.
    • Instrumentos de supervisión y tutela judicial e intervención del Ministerio Fiscal en materia de Memoria Democrática.
    • Medidas de reparación de las víctimas.
    • Garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos en el plano educativo, de la investigación y la divulgación.
    • Declaración de lugares de memoria democrática, así como la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la Guerra Civil y el franquismo.
    • Medidas para supuestos de incumplimiento.

Dentro de la coherencia política, ideológica, ética y la lealtad con los principios democráticos del Ministerio liderado por Carmen Calvo, se valora como que es necesaria la aprobación de esta nueva Ley de Memoria Democrática, ya que los principales organismos internacionales de derechos humanos vienen requiriendo al Estado español dar prioridad a la investigación y búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo. Esta fue una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe de julio de 2014, pese a lo cual el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus sesiones de 11 al 29 de septiembre de 2017 lamentaba «observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013» y alentaba a España «a seguir trabajando para la cabal implementación de éstas, así como las recomendaciones formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».

El Relator de la ONU se lamentaba de manera expresa que el Estado español no hubiera asumido su papel de liderazgo para asegurar una política de Estado que pusiera fin a dichas desapariciones forzadas como se había recomendado en su informe de julio de 2014, que debía asumir como una obligación de Estado abarcando la totalidad del territorio nacional y tomar un rol activo en materia de exhumación y procesos de identificación de los restos, para que ésta no dependieran exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas.

En ese sentido, el Relator reiteraba la urgencia acerca de «la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, así como su disponibilidad para ofrecer la asistencia técnica necesaria, en aras a garantizar que el mecanismo de búsqueda esté plenamente apegado a los estándares internacionales vigentes en la materia».

En su Informe de 22 de julio de 2014, Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó un conjunto de recomendaciones específicas y pidió un compromiso decidido del Estado por dar vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos de las víctimas de la dictadura a la verdad, la justicia y la reparación, así como evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica e incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica. En las mismas fechas, el comisario de derechos de humanos del Consejo de Europa realizó asimismo una serie de recomendaciones para que España y otros países europeos mejorasen la búsqueda, identificación y acompañamiento a las familias de los desaparecidos en conflictos, como la Guerra Civil o el franquismo.

Mientras en el actual Gobierno el pueblo asiste a cómo aumenta el poder de elementos contrarios a la ideología progresista del Ejecutivo, quienes representan los valores de la izquierda, desde cualquiera de los estadios ideológicos, trabajan, cada cual en su departamento, para intentar aplicar la justicia social que se sobreentiende que implementará un gobierno progresista y, por supuesto, devolver la dignidad a quienes lucharon, sufrieron las torturas o fueron asesinados durante la dictadura es un asunto pendiente que una democracia como la española no puede permitirse seguir teniendo en el debe.

Foto: Foto: Flickr/ Xanti Fakir

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Fuente: Diario 16