La propuesta de Vox deberá ejecutarla el alcalde de la capital con argumentos que justifiquen la aplicación del artículo 15 de la ley de memoria histórica.

Si el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, admite la propuesta de Vox de retirar a los ministros socialistas de la II República Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero del callejero de la ciudad, tendrá que demostrar que estuvieron directamente involucrados en fusilamientos extrajudiciales. En caso de que la idea no vinculante ―apoyada el martes en el pleno con los votos de PP y Ciudadanos― prospere y llegue a la Junta de Gobierno del Consistorio, tendrá que ir acompañada por una “motivación” o explicación en la que se argumente de manera histórica por qué el Ayuntamiento apela al artículo 15 de la ley de memoria histórica para la retirada.

“Es imposible demostrar una cosa así”, responde con contundencia José Álvarez Junco, historiador y miembro de la Comisión de Memoria Histórica formada por la Corporación anterior, con miembros propuestos por todos los grupos políticos, para corregir el callejero madrileño atendiendo a la ley de memoria histórica.

“Los miembros del comisionado estamos indignados y horrorizados con esta decisión, también los miembros elegidos por Ciudadanos y el PP. Nosotros hicimos una revisión sensata y lo aprobado ahora es una insensatez”, cuenta Álvarez Junco. El historiador quiere subrayar el hecho de que las recomendaciones que hizo aquel comisionado por la memoria histórica fueron apoyadas y aprobadas con los votos de todos los partidos políticos, incluido Ciudadanos, y la abstención del PP. No tuvo votos en contra.“Propusimos una operación constructiva. Aquella comisión fue plural y no actuó casi nunca por mayoría, sino por unanimidad en casi todas sus decisiones. Esta propuesta de ahora es una ruptura con una de las bases de la convivencia, que supone un pasado común y compartido, en el que todos estamos de acuerdo en rendir homenaje. Es decir, no podemos quitarle una calle a un general franquista que se dedicó a fusilar y dársela a un estalinista. Eso no es convivencia”, añade el historiador. Hasta el momento, Martínez-Almeida no ha propuesto la formación de un organismo plural que se encargue de la revisión histórica de las calles.En el artículo 15 de la citada ley, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aclara que serán retirados los símbolos y monumentos públicos que exalten la sublevación militar, la represión de la dictadura o de la Guerra Civil. El único caso al que se pueden acoger es este último. Los historiadores consultados aseguran que Prieto hizo todo lo que pudo para que no se fusilara a nadie y que en el caso de Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, pueden acusarle de que no controló a las fuerzas extremistas que cometieron los crímenes. “Pero esta defensa es debilísima”, indica José Álvarez Junco sobre la motivación insuficiente con la que se dará de bruces la propuesta.

Antonio Cazorla, historiador y profesor de historia en la Trent University de Ontario (Canadá), no tiene especial simpatía por Largo Caballero, pero hacerle responsable de los fusilamientos de Paracuellos dice que carece de todo rigor. “Cometió errores de juicio muy graves antes de la Guerra Civil. Su concepto de la democracia no sería aceptable hoy. Pero Largo fue un líder sindical importantísimo que hizo grandes reformas para ayudar a los trabajadores y, no lo olvidemos, presidente del Consejo de un Gobierno democrático que intentaba defenderse de un asalto armado por parte del ejército y las milicias fascistas”, aclara el investigador.Por otro lado, para Cazorla, Prieto fue uno de los mejores políticos que ha habido en España. “Cometió errores, pero pocos como él los admitieron y pidieron perdón. Y los errores que Prieto cometió fueron porque él creía defender la democracia y las reformas sociales de esta forma”, dice. De esta manera concluye que igualar estas figuras históricas con “los golpistas asesinos de 1936 no solo es absurdo sino que, por desgracia, indica que la derecha española no entiende qué es el antifascismo”. Y lo que es peor, cree que podrían estar dando la razón a los que, desde otra visión distorsionada del pasado, dicen que nuestra democracia no es real.

“Venganza” y “guerra cultural”

Retirar las calles, las placas y las estatuas que celebran la memoria de ambos personajes históricos, erigidos durante la primera legislatura del PSOE, como un homenaje a la memoria democrática del país, supone también “romper con los consensos de la Transición”. Esa es la opinión de Germán Labrador, historiador y profesor en la Universidad de Princeton: “Esto debería ser grave para aquellos partidos políticos obsesionados con su supuesta lealtad a los supuestos símbolos de la transición. Curiosamente, al romper con estos consensos, estos partidos se hacen herederos de otros gestos desmemoriados: los del franquismo, que tras la toma de Madrid, al final de la Guerra Civil, borró cualquier señal del Gobierno republicano y de los símbolos democráticos”, sostiene Labrador.

Para el autor de Letras arrebatadas. Poesía y química en la Transición (Akal, 2009) la postura de Vox es una “venganza” por la retirada de los últimos símbolos franquistas llevada a cabo por Ahora Madrid, en la legislatura pasada. “Es una acción destinada a contentar a los sectores más nostálgicos de la dictadura, heridos por los avances en materia de memoria democrática sucedidos en el último año y por la exhumación de Franco. Se trata de otro elemento más de “guerra cultural” de la derecha populista”, incide Labrador.

Alfredo González-Ruibal, arqueólogo especialista en memoria histórica, aclara que este caso es prueba de la “miseria moral que se esconde detrás de cualquier forma de equidistancia”. “Ambos personajes tienen luces y sombras, como cualquier político y figura histórica, pero retirarles las calles implica situarlos al mismo nivel moral que criminales de guerra y golpistas. Supone equiparar a quien se jacta de cometer crímenes de lesa humanidad, como Yagüe, con quienes trataron de pararlos, con considerable eficacia, dadas las circunstancias”, señala.

Asegura el arqueólogo que el “discurso incendiario” de Largo Caballero “indudablemente colaboró a caldear los ánimos antes de la Guerra Civil” y califica de “desafortunado" su protagonismo en la revolución de 1934. Pero también advierte que no se puede olvidar cómo “enfrió los ánimos de los sectores más revolucionarios después de febrero de 1936”. Por todo ello entiende Ruibal que la estrategia de la derecha es "extremadamente peligrosa” al equiparar a quienes defendieron un régimen democrático y a quienes acabaron con él. “Es un relativismo cínico que pone en tela de juicio el valor mismo de los valores democráticos”, concluye.