La memoria del exilio republicano es un territorio de dignidad. Un espacio que habita el sacrificio y que exige tenerlo presente como una forma histórica de sanación colectiva. La buena literatura lo sabe muy bien. Lo evidenció el mismísimo Cervantes cuando puso la historia de El Quijote en boca de los recuerdos de aquel morisco llamado Cide Hamete Benengeli que nuestro novelista rememoró como una exploración inconsciente de la memoria histórica de la España medieval olvidada tras la conquista de Granada. Esto es especialmente significativo ahora: cuando afrontamos la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos. Un momento simbólico que rescata del olvido la tragedia de la Guerra Civil y que demuestra cómo su huella sigue percutiendo sobre nuestro presente más de lo que en principio pudiera sospecharse.

La última vez que el CIS preguntó sobre la Monarquía Española fue en abril del 2015 y ésta suspendió con una nota media del 4,34, por debajo de la Guardia Civil, las fuerzas armadas y los medios de comunicación. Desde entonces, tres años y medio, los ciudadanos españoles no hemos vuelto a ser preguntados por la Casa Real, sobre cómo la valoramos o si preferimos una república como modelo de Estado.

Han pasado cuarenta años desde la restauración de la monarquía con Juan Carlos I y nadie duda de la crisis de su legitimidad, ligada al régimen del 78 y a las élites políticas, económicas y socioculturales. Lo cierto es que nuestro régimen actual, la “Segunda Restauración Borbónica”, como lo definió Julio Anguita, nació ya en crisis. El Preámbulo de la Constitución que se aprobó tras el franquismo no hacía ninguna referencia a la Constitución de 1931, su antecesora legítima. Y todavía hoy, cuando el rey Felipe VI ha celebrado los cuarenta años de la Constitución de 1978, el silencio sobre la legitimidad republicana de 1931 ha sido atronador, humillante y vergonzoso.